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Modificaciones a la reforma judicial desatan paro en todo el país

19/08/2024
Reforma judicial AMLO

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron un paro indefinido en respuesta a la presentación de un nuevo dictamen sobre la reforma judicial propuesta por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cerca de 50 trabajadores se reunieron en el Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, donde desplegaron pancartas con mensajes alusivos a la reforma y aseguraron la sede del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) con cadenas y candados.

En un comunicado compartido por los manifestantes, se enfatiza la urgencia de informar que la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal busca someter al Poder Judicial de la Federación, visto como el único contrapeso entre los poderes y defensor de los derechos del pueblo mexicano contra posibles abusos de autoridad.

Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (Jufed) expresó que el nuevo dictamen, que se discutirá en el Congreso, no respeta los derechos y necesidades de los trabajadores y «borra de un plumazo» los esfuerzos y trayectorias de quienes buscan avanzar en la carrera judicial en México.

A pesar de la movilización, los jueces federales no se unirán en este primer momento, ya que decidirán mediante votación si se suman al paro.

¿Cuáles son las modificaciones a la reforma judicial?

El dictamen de la reforma al Poder Judicial, que será discutido y votado próximamente en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, introduce cambios significativos en el proceso de nombramiento y selección de ministros, magistrados y jueces en todos los niveles del país.

Esta reforma incluye cambios importantes en el Artículo 17 de la Constitución. Entre los cambios, se establece un plazo máximo de seis meses para resolver asuntos tributarios, obligando a los jueces a justificar cualquier retraso ante el Tribunal de Disciplina Judicial.

Además, el Senado perderá su poder de nombrar a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, limitándose a tomar protesta y gestionar solicitudes de licencia o renuncia. La administración del Poder Judicial será manejada por un órgano especializado, mientras que la disciplina recaerá en el recién creado Tribunal de Disciplina, compuesto por cinco miembros electos por la ciudadanía.

La reforma también reduce el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, establece que sus sesiones sean públicas y dispone la renovación rotativa de la presidencia cada dos años mediante votación.

A su vez, los salarios de los integrantes del Poder Judicial no podrán superar el establecido para el Presidente de la República, y se prohíbe la creación de fondos, fideicomisos y contratos similares.

Un cambio notable es la reducción del mandato de los ministros de la SCJN de 15 a 12 años, eliminando su derecho a haber por retiro. Los magistrados del Tribunal Electoral servirán por seis años, mientras que los magistrados de circuito y los jueces de distrito tendrán mandatos de nueve años, con posibilidad de reelección consecutiva.

La reforma también permite que cualquier persona o autoridad denuncie actos de responsabilidad administrativa o penal cometidos por servidores del Poder Judicial, incluidos ministros, magistrados y jueces, ante el Tribunal de Disciplina Judicial.

En cuanto al proceso de selección, se elimina el requisito de tener al menos 35 años cumplidos para ser ministro, magistrado o juez. Los aspirantes deberán contar con un título de licenciado en derecho con un promedio general mínimo de 8.0 y 9.0 en las materias afines al cargo, además de al menos cinco años de experiencia jurídica.

El proceso de selección será coordinado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que se encargará de organizar las elecciones, realizar los cómputos, publicar los resultados y entregar las constancias de mayoría.

Asimismo, las campañas tendrán una duración de 60 días y se prohibirá el financiamiento público o privado, así como la contratación de espacios en medios de comunicación para promoción de candidaturas. Los partidos políticos y servidores públicos no podrán hacer proselitismo a favor o en contra de ningún candidato.

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