
Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), ha cesado recientemente a numerosos especialistas forenses y funcionarios encargados de la localización de personas migrantes y víctimas de desaparición forzada durante la «guerra sucia». Al mismo tiempo, ha designado a profesionales sin experiencia en labores de búsqueda e identificación humana en puestos directivos, según informaron empleados de la institución.
Un funcionario de la CNB, que prefirió mantener su identidad en reserva, reveló al colectivo de periodistas «A dónde van los desaparecidos» que más de 50 empleados fueron despedidos o se les solicitó la renuncia con fecha límite del 31 de este mes. Otra fuente estimó que los despidos podrían afectar a alrededor de 160 personas. Previamente al recorte aprobado por Reyes Sahagún, la entidad contaba con aproximadamente 250 funcionarios.
A través de entrevistas con diferentes fuentes de la comisión, que solicitaron anonimato por temor a represalias, «A dónde van los desaparecidos» pudo confirmar que se está prescindiendo de personal con experiencia y evidencia de procesos construidos en años anteriores para la localización de personas.
Desde su nombramiento el 23 de octubre, Reyes Sahagún ha colocado en cargos directivos de la CNB a colaboradores antiguos suyos o de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, sin experiencia previa en la búsqueda de personas o identificación de cadáveres. Esto incluye a la propia comisionada, quien antes de su designación dirigía el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y había trabajado en la Secretaría de Bienestar (SB) y en Morena, el partido gobernante.
Por otro lado, José Muñoz Gómez, un contador público sin experiencia relevante en el área, fue designado por Reyes Sahagún como titular del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) el 1 de noviembre. Según una fuente que trabajaba en el CNIH, Muñoz Gómez llegó sin presentar un equipo de trabajo y daba órdenes incorrectas, como solicitar directamente datos a las fiscalías estatales, una facultad que requeriría un convenio.
Muñoz Gómez, quien trabajó previamente en el Instituto Nacional Electoral (INE), la Secretaría de la Función Pública (SEP) y la SB, está bajo investigación por haber validado transferencias de 22 millones de pesos en mayo de 2023 desde el INEA, dinero destinado al Gobierno de Chiapas y desviado a la cuenta de un proveedor del Estado de México antes de las elecciones por la gubernatura, según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
En octubre, Carlos Alberto Reyes Campos, licenciado en Biología, fue designado por la comisionada para liderar la Dirección General de Acciones de Búsqueda y Procesamiento de Información. Proveniente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Reyes Campos coordinó actividades del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Otros nombramientos de la CNB incluyen a Consuelo Velasco Segura y Xasní Pliego Granillo, quienes también carecen de experiencia en búsqueda de personas o identificación de cadáveres.
Las modificaciones en la estructura de la CNB, que opera bajo la Secretaría de Gobernación, han generado preocupación entre las familias de personas desaparecidas. La Segob negó el proceso de desmantelamiento, justificando que se realiza anualmente una revisión de perfiles al concluir los contratos eventuales. No obstante, los directores generales nombrados por Reyes Sahagún carecen de experiencia para sus funciones.

El personal de la CNB se incrementó durante la gestión de Karla Quintana de 43 a 89 personas en 2020. Sin embargo, con la creación del CNIH en 2022, se contrató a una plantilla de especialistas forenses. Según las fuentes consultadas, es la primera vez que se lleva a cabo un recorte significativo de personal.
Las áreas de personas migrantes, análisis de contexto y mecanismos internacionales se unificarán, según las fuentes, y se ha informado que se priorizará el área de búsqueda en campo. Las familias han expresado su preocupación por los cambios en la CNB y han cuestionado la necesidad de modificar una institución sin evaluar su eficacia en colaboración con las víctimas.
A pesar de la afirmación de la Segob de que las contrataciones en revisión eran de tipo eventual, se confirmó que se solicitó la renuncia a funcionarios de estructura con contratos por tiempo indefinido.
Esta situación ha generado críticas y preocupación entre las familias de desaparecidos y defensores de derechos humanos, quienes temen que estos cambios impacten negativamente en los esfuerzos de búsqueda y localización de personas desaparecidas en México.
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