Empresarios alertan sobre los riesgos de la prisión preventiva por delitos fiscales
15/08/2024
El sector privado ha expresado su preocupación ante la posible aprobación de la prisión preventiva por sospechas de evasión fiscal, considerando que esta medida podría desincentivar la inversión en México, de acuerdo con Francisco Cervantes Saavedra, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
«Muy preocupados, por eso insistimos siempre en que haya mesas de diálogo para escuchar los argumentos de un lado y escuchar los argumentos de otros sectores para poder sacar algo que verdaderamente nos ayude».
En el contexto actual de la relocalización de operaciones de empresas globales, México tiene una oportunidad clave para atraer inversiones, por lo que es necesario coordinar la política pública a nivel regional para que el país mantenga su posición como la economía líder en América Latina, afirmó el representante empresarial.
Además, señaló que, ahora que están llegando inversiones y se está hablando de incentivos, la reforma a la prisión preventiva representa un «desincentivo». También agregó que es crucial revisar y discutir todas las iniciativas y reformas, como se ha hecho a lo largo de este sexenio, y el sector empresarial ha sido un participante activo en muchas de ellas.
Cabe recordar que la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó modificaciones a la Constitución para incluir nuevas figuras delictivas en las que un juez podría ordenar prisión preventiva, como la defraudación fiscal, el contrabando y actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales.
En cuanto a la participación del sector privado en las mesas de trabajo para expresar sus puntos de vista sobre esta reforma, Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), indicó que cuentan con un equipo legal que está involucrado en el proceso.
Por su parte, Carlos Romero Aranda, exprocurador fiscal, advirtió que la prisión preventiva, como se plantea en la reforma, puede ser una herramienta peligrosa contra los pequeños contribuyentes y subrayó la necesidad de establecer contrapesos.
«De ser aprobado en sus términos el proyecto de ley, se podría acusar de defraudación y mandar a prisión preventiva oficiosa a contribuyentes que deban desde un peso al SAT, o a quienes no notifiquen a la autoridad tributaria su cambio de domicilio».
En su opinión, la reforma debería limitar la prisión preventiva a casos de delitos calificados con un monto defraudado superior a 10 millones de pesos.
Romero Aranda concluyó que, aunque los delitos fiscales, especialmente la defraudación fiscal, deben considerarse para la prisión preventiva, la reforma actual no plantea esta medida de manera adecuada.
«El concepto en primera instancia te podría decir que no lo veo mal, debido a que es lo que yo siempre impulse, esto ratifica la política fiscal de perseguir a los grandes capos, a los grandes criminales».
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