El Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI) advirtió que ciertas instituciones gubernamentales, como el Ejército, la Marina y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), mantienen una actitud opaca y engañosa en relación al caso Ayotzinapa.
Durante la conferencia donde presentaron su sexto y último informe de actividades como grupo externo de investigación, los miembros del GIEI, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, señalaron diversas evidencias que indican que estas instituciones se niegan a abrir los archivos del caso.
«La credibilidad de las instituciones que niegan la verdad afecta también la de la voluntad expresada por la propia presidencia del país y acaba con la legitimidad de las instituciones».
Beristain afirmó que el Estado tenía conocimiento de los hechos ocurridos y, lamentablemente, no actuó para proteger a los jóvenes desaparecidos. La falta de transparencia e información ha llevado a un ocultamiento de responsabilidades que, según él, debe ser considerada como una responsabilidad directa del Estado.
A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó una apertura hacia el GIEI, en realidad, tuvieron que buscar e indagar en los archivos estatales para obtener la información necesaria, incluso encontraron documentos que estaban a punto de ser desechados.
«Mantuvimos el trabajo incluso cuando las presiones políticas y de la propia fiscalía llevaron a una situación de crisis en septiembre de 2022, con el objetivo de impulsar la investigación, proteger lo avanzado e incluso tener que recomenzar…».
Beristain resaltó que la negación sistemática y las mentiras que han surgido en el caso no son producto de la inercia o la burocracia institucional, sino de una intencionalidad de ocultar la verdad. Afirmó que las respuestas negativas de las fuerzas armadas (Sedena y Semar) y del CNI reflejan un comportamiento corporativo más que un compromiso real con la búsqueda de la verdad.
El GIEI compartió los resultados de su análisis de las redes de telefonía móvil de los involucrados en el caso, revelando contradicciones, mentiras y manipulación de informes por parte de las instituciones militares. Por ejemplo, se descubrió que el Ejército estaba al tanto de lo que ocurría la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 y lo informaba constantemente a los mandos en Ciudad de México.
En relación a la Marina, aunque oficialmente se había afirmado que no estuvieron involucrados en los hechos, el análisis demostró su participación con actividades de inteligencia, detenciones e interrogatorios desde el 28 de septiembre. Lo mismo ocurrió con el CNI, que también estuvo presente y participó en interrogatorios y torturas a detenidos.
El GIEI también proporcionó información a las autoridades sobre más personas implicadas en el caso y posibles ubicaciones de los restos de los normalistas desaparecidos.
Por lo tanto, el GIEI reconoció que el caso Ayotzinapa ha sido marcado por una red de mentiras que involucra a más de 200 personas de diversas instituciones municipales, estatales y federales, extendiéndose por un período de nueve años.
«El caso no se cierra porque no siga el GIEI. Pero las condiciones que se necesitan para el avance son impostergables. El Estado y sus instituciones tienen la obligación de investigar, hacer justicia y buscar a los desaparecidos. Un caso de desaparición forzada como este, y los miles y miles existentes en México, suponen un cuestionamiento profundo del Estado y la sociedad, que va a seguir siendo clave en este y otros gobiernos».
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