La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dio luz verde a la propuesta de reforma impulsada por el Ejecutivo, la cual contempla la imposición de prisión preventiva oficiosa para delitos como extorsión, narcomenudeo, defraudación fiscal, contrabando y emisión de facturas falsas.
Con 26 votos a favor por parte de Morena y sus aliados, y 14 en contra del PAN, PRI y MC, las modificaciones al artículo 19 de la Constitución buscan ampliar el listado de delitos por los que los jueces estarán obligados a aplicar la prisión preventiva de manera automática.
De acuerdo con los legisladores, las modificaciones al artículo 19 de la Constitución Política establecen que el juez deberá ordenar la prisión preventiva de manera automática en casos de extorsión, narcomenudeo, y actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas según las leyes vigentes.
También se aplicará en casos de defraudación fiscal, contrabando y cualquier actividad vinculada con la emisión de comprobantes fiscales falsos, conforme a lo estipulado por la ley.
Por su parte, la «oposición» advirtió que la prisión preventiva oficiosa atenta contra los derechos humanos garantizados por la Constitución y contraviene las convenciones internacionales a las que México está suscrito.
Asimismo, los legisladores negaron que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa conlleve la liberación inmediata de 60 mil personas en proceso penal, argumentando que los jueces deben evaluar cada caso de manera individual.
«Es una violación a los derechos humanos, porque la Corte Interamericana ya señaló que la prisión preventiva oficiosa debe desaparecer, porque no es cierto, como dijo Rosa Icela (Rodríguez), que van a salir 60 mil detenidos. No, le vas a tener que demostrar a 60 mil personas que son peligrosas y que tienen que estar detenidas. Ahí la señora Rosa Icela ha utilizado varias falacias al respecto, entonces vamos en contra». Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados.
Por su parte, el diputado Braulio López de Movimiento Ciudadano calificó la reforma como populismo punitivo y aseguró que solo busca crear una falsa sensación de combate a la inseguridad.
«Es una medida que viola derechos humanos, que no combate la impunidad, que no procura la justicia, que es contraria a la política de seguridad ciudadana, que es contraria al sistema acusatorio penal, que se convirtió en un abuso, que es una falsa imputación de delitos: ¿Qué es esta figura? Populismo punitivo, que se quiere crear una falsa sensación de combate a la inseguridad que no se está haciendo».
A pesar de las críticas, los diputados de Morena defendieron la iniciativa presidencial, y el vice coordinador del grupo parlamentario, Leonel Godoy, reforzó la propuesta con una reserva durante la discusión en lo particular.
Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”.
Prisión preventiva oficiosa
La prisión preventiva es una figura legal que permite encarcelar a una persona sin necesidad de una condena previa. Es una medida cautelar dictada por un juez que consiste en privar temporalmente a alguien de su libertad. En las leyes mexicanas, la prisión preventiva se aplica cuando el delito imputado amerita pena privativa de libertad, lo que significa que la persona estará en prisión mientras se determina si cometió o no el delito.
La prisión preventiva no debe exceder los dos años, a menos que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si transcurrido este periodo no se ha emitido una sentencia, el acusado será puesto en libertad de inmediato, aunque se podrán imponer otras medidas cautelares.
Entre los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa se encuentran: Homicidio doloso, genocidio, violación, traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, corrupción de menores, pornografía infantil, turismo sexual infantil, lenocinio infantil, pederastia, tráfico de menores y delitos contra la salud.
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