Fiscalía de CDMX realiza presunto espionaje a opositores: The New York Times
10/11/2023
Un aspirante a la presidencia, el responsable de las aduanas nacionales, y al menos tres alcaldes de la capital, entre ellos influyentes miembros del gobierno mexicano, fueron recientemente objeto de vigilancia por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), según revelan al menos 14 expedientes judiciales examinados por The New York Times.
La información obtenida muestra que la fiscalía solicitó a la principal empresa de telecomunicaciones de México, Telcel, la entrega de registros telefónicos, mensajes de texto y datos de ubicación de más de diez figuras políticas y funcionarios destacados, abarcando desde 2021 hasta la fecha actual.
Telcel, en un documento judicial revisado por The Times, admitió haber recibido y entregado dicha información. Aunque la fiscalía argumenta que buscaba estos datos en el contexto de investigaciones sobre secuestros y desapariciones, la misma entidad niega tener carpetas de investigación sobre dichos delitos, desmintiendo categóricamente haber solicitado la información telefónica de los mencionados funcionarios y políticos.
A pesar de estas negativas, un juez federal afirmó este año que la fiscalía de Ciudad de México había solicitado a Telcel que proporcionara los registros. Esta evaluación se incluyó en una demanda presentada por un alcalde de la CDMX, mencionado en los 14 requerimientos.
Varias de las personas mencionadas sostienen que fueron señaladas como blancos políticos debido a un abuso de poder más amplio y sistémico. A pesar de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador de poner fin a la vigilancia ilegal en México, su gobierno ha utilizado tácticas similares a las que antes condenaba, incluido el uso del programa espía Pegasus por parte del ejército para vigilar a periodistas, defensores de los derechos humanos y altos funcionarios gubernamentales.
Santiago Taboada Cortina, alcalde y miembro de la oposición, ha denunciado que el sistema de justicia se está utilizando contra los políticos, y ha presentado una demanda de amparo. Taboada, quien planea postularse como candidato a la jefatura de gobierno de la capital en las próximas elecciones, considera que no es normal que se le investigue por sus aspiraciones políticas.
Aunque la legislación mexicana permite a los investigadores obtener registros telefónicos de inmediato en casos de emergencia como secuestros, los fiscales deben obtener una orden de un juez federal en un plazo de 48 horas, algo que la fiscalía no hizo en este caso, según los registros judiciales.
Expertos legales señalan que las acciones de la fiscalía fueron ilegales, mientras que otros consideran que, aunque tal vez no ilegales, constituyen claramente un abuso de autoridad.
Luis Fernando García Muñoz, director ejecutivo de R3D, un grupo mexicano de derechos digitales, advierte que el sistema es propenso al abuso y está siendo explotado.
El «espionaje» de la fiscalía a través de Telcel también se dirigió a figuras como Higinio Martínez Miranda, un senador de Morena, y Alessandra Rojo de la Vega, opositora franca de Claudia Sheinbaum, la exjefa de gobierno de CDMX y candidata presidencial del partido gobernante.
Rojo de la Vega, objeto de vigilancia en 2021, considera que esta práctica debería dirigirse a investigar a verdaderos criminales en lugar de perseguir a quienes critican al gobierno. Aunque se espera que Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de Ciudad de México, sea ratificada en su cargo este año, la situación plantea preguntas sobre la integridad del sistema de justicia y el respeto a la privacidad en el país.
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