
La promulgación de la Ley General de Aguas (LGA) se ha venido retrasando por poco más de 10 años. Durante este tiempo se mantuvo el status quo de un marco legal en el que el valor económico del recurso hídrico prevaleció sobre el social, de acuerdo con las modificaciones esperadas. ¿Cuáles? Veámos.
En febrero del 2012 se cambió el artículo 4to Constitucional para establecer como garantía social el «derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible».
Con esto, se dio un plazo de 360 días para sustituír la Ley de Aguas Nacionales (1992) por una nueva, en la que el Estado queda a cargo de cuidar y asegurar el “acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de la ciudadanía, para la consecución de dichos fines”.
A lo largo de esta década el Congreso y una multiplicidad de partes interesadas han estudiado, debatido y presentado propuestas. Se ha dado un estira y afloje en el que los conceptos y la realidad se han contrapuesto desde diferentes posiciones, para avanzar en un marco regulatorio que pueda ser implementado y en el que se mantengan los derechos para el uso y desarrollo económico a partir de este bien público, pero que al mismo tiempo atienda al tan abandonado derecho social, sin más demoras ni reticencias.
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A continuación, dos momentos clave que vale la pena recordar:
En 2015 el Dr. David Korenfeld, quien fuera Director General de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), fue detenido por el pleno de la Cámara de Diputados, en su intento de pasar una propuesta legislativa (la “Ley Korenfeld”), juzgada por la sociedad civil y el sector académico como privatizadora, autoritaria, opaca, contaminante, ventajosa y contraproducente para lo sociedad, en todos los sentidos.
Otro. En marzo del 2020, tras una consulta pública convocada por el gobierno Federal en Mexicali, Baja California, el 76.1% votó en contra de la instalación de una planta de producción cervecera de la empresa Constellation Brands. Como consecuencia de este ejercicio, la CONAGUA negó los permisos de uso y explotación del recurso hídrico y obligó a la compañía a encontrar una mejor opción para localizar sus instalaciones.
Como no hay plazo que no se cumpla, el pasado 28 de abril, la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República aprobó el acuerdo para dictaminar la nueva Ley General de Aguas. Con esto se da inicio a una serie de consultas, foros, reuniones públicas y privadas, revisiones académicas, asesorías de consultores y especialistas, etcétera, que derivarán en una propuesta de Ley que habrá de presentarse en septiembre de este año, para su discusión y aprobación en ambas cámaras.
Existen muchos aspectos técnicos específicos y conceptos que deben alinearse como son el bien común, la justicia social, la sustentabilidad ambiental, la participación ciudadana, el acceso social, el cambio climático, los derechos humanos, la gestión de cuencas, la transmisión de derechos, la vigencia, límites y actualización de concesiones, saneamiento, tratamiento y devolución, aguas residuales, entre muchos otros.
Sin embargo, en el centro del debate están por un lado el sector productivo y privado, que impulsa el desarrollo económico a través de la explotación del recurso hídrico y, por el otro, una sociedad cada vez más preocupada por su acceso diario al agua potable, de manera suficiente.
Pareciera también un momento cumbre para el encontronazo de dos posiciones ideológicas, polarizadas por el actual ambiente político, donde se enfrentan los “fifís” y el “pueblo sabio”, los “neoliberales” contra los “pobres”. Una narrativa de héroes y villanos, juego de vencidas en el que esperamos, prevalezca el diálogo y ambos lados se presenten disponibles, participativos y sobre todo, accesibles a ceder y a aportar en favor del bien común.
El revés a la “Ley Korenfeld” y a la planta de Constellation Brands han demostrado que, en el caso del agua, el valor social puede tener más peso que el económico.
El uso eficiente y sustentable de agua, poco a poco se ha venido ponderando entre el sector privado y productivo como un asunto estratégico, más que un mero tema de reputación o de responsabilidad social.
Sin duda, en estos tiempos donde el cambio climático y sus consecuencias ha sido ampliamente aceptado y reconocido; en donde las sequías son más frecuentes, más intensas y más largas; y en el que tenemos claros ejemplos del grave efecto contaminante de la industria sobre los mantos acuíferos nacionales (derrame de minera en Río Sonora, Presa Endhó en Hidalgo, Río Santiago en Jalisco, por mencionar algunos), el sector privado debe poner sus barbas a remojar y ponerse del lado de los que buscan ser parte de la solución.
Del otro lado, el sector público debe consolidarse como un regulador que, sin dejar de promover el desarrollo económico, actúa de forma implacable con los abusos, fomente la eficiencia y, al mismo tiempo, garantiza el acceso al vital líquido, como un factor de desarrollo humano, equidad y justicia social.

Alejandro Vázquez
Director de https://approach.mx Asuntos Corporativos
Consultor en Asuntos Públicos y Comunicación Egresado de la UNAM
Twitter: @alexo_00
LinkedIn: www.linkedin.com/in/alejandrovazquezgonzalez29082017
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