En marzo pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una reforma en materia administrativa que, a grandes rasgos, facilita al Gobierno Federal la asignación y rescisión de contratos para proyectos públicos, eliminando cualquier tipo de candado legal, nacional o internacional.
La iniciativa busca reformar, adicionar y derogar 23 leyes con las que el Estado se hará de facultades más amplias y que le permitirán ejecutar actos de autoridad con discrecionalidad, bajo 3 conceptos clave:
- revisión de actos de corrupción;
- prevención de actos lesivos al interés público o que generen daños al erario; y
- fortalecimiento de la Administración Pública Federal.
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Impacta en disposiciones relacionadas con el uso del presupuesto federal, contratación de obras, revocación de permisos y concesiones, terminaciones de contratos, licitaciones, indemnizaciones a cargo del Estado, entre otros asuntos.
Se trata de una “mejora regulatoria” que enrarece el ambiente de negocios en México, especialmente para las empresas de gran capital, que participan en proyectos para dotar de productos y servicios a las instituciones del Gobierno Federal.
Asimismo, busca allanar el camino para que el gobierno pueda asignar y/o adjudicar directamente a entidades paraestatales la prestación de servicios públicos, por ejemplo al Ejército.
De acuerdo con Gabriela Ramírez Quijada, especialista en contrataciones públicas y anticorrupción, “existen muchos cambios en las letras chiquitas que es importante analizar con detalle. Sin embargo, entre las cosas que son evidentes está el tema de las concesiones”.
“Se establece la posibilidad de que el Ejecutivo Federal contrate de manera directa a paraestatales, así como el uso, aprovechamiento y explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público, por causa de utilidad e interés públicos, interés general o seguridad nacional. La iniciativa elimina el carácter excepcional de dicho supuesto y contempla la posibilidad de que estas adjudicaciones tengan vigencia indeterminada”.
“Otro asunto peligroso es la cláusula de terminación anticipada (cláusula exorbitante) que debe estar presente en todos los contratos. Borra la posibilidad de que se pague al contratista el resarcimiento de daños o perjuicios, cuando la terminación anticipada se motive en el interés público, general o social, la preservación de bienes comunes, o en la seguridad e integridad de las personas e instituciones nacionales o se considere que se haya recuperado la inversión realizada. Para la recuperación de bienes, se podrá hacer uso de la fuerza pública”.
“Saltan a la vista también los cambios en materia de licitaciones. Con la reforma se implementan de manera automática licitaciones públicas internacionales abiertas, en las que pueden participar empresas nacionales e internacionales, sin la necesidad de hacer primero una licitación pública internacional bajo la cobertura de los tratados comerciales con países con los que México tiene convenios”.
Cambia las condiciones de pago, para favorecer a los “ganadores”. “La iniciativa contempla dar anticipos superiores al 50% en la adquisición de equipo médico, seguridad nacional o seguridad pública, maquinaria para el desarrollo o mantenimiento de infraestructura en la prestación de servicios públicos, siempre que esté debidamente justificado por la entrega inmediata de los bienes o se oferte un menor precio. En la exposición de motivos se precisa que esto tiene por objeto agilizar dichas adquisiciones, aunque de manera excepcional”.
“Con los riesgos que conllevan, permite a las empresas ganadoras de contratos públicos, la realización de trámites (dictámenes, permisos, licencias, derechos, etc.) de manera simultánea al inicio de su operación, cuando exista: 1) notoria y evidente urgencia; 2) prioridad para el ejercicio de los derechos sociales y el desarrollo económico del país; y 3) necesidad para la defensa de la soberanía nacional y la seguridad pública”.
En resumen: los cambios permiten la contratación “a modo”, de manera discrecional y arbitraria. Todo es posible: dar anticipos fuertes, que los trámites se realicen después, quitar concesiones con solo mencionar interés nacional, seguridad nacional, seguridad pública, equipo médico, infraestructura. Ahí viene el lobo. Otra vez.
Alejandro Vázquez
Director de https://approach.mx Asuntos Corporativos
Consultor en Asuntos Públicos y Comunicación Egresado de la UNAM
Twitter: @alexo_00
LinkedIn: www.linkedin.com/in/alejandrovazquezgonzalez29082017
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