El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha forzado la maquinaria institucional del sector salud, impulsando una transformación radical que, sin duda, ha impactado en lo más importante: el acceso de las personas a una atención digna, integral, segura y de calidad, como lo mandata el artículo 4to Constitucional.
Con la promesa ingenua de alcanzar los estándares de Dinamarca, un país con condiciones sociodemográficas y económicas radicalmente diferentes a las de México, a este gobierno se le hizo fácil dar un volantazo y modificar la inercia institucional de un sistema que, si bien tenía muchas carencias y necesitaba ajuste de tuercas, funcionaba.
Remplazó al Seguro Popular con el INSABI y, tras su rotundo fracaso, azuzó a los siervos legislativos para integrar la responsabilidad de atender a las personas sin seguridad social, a través de la figura del IMSS-Bienestar. Aún hace falta analizar con profundidad las implicaciones de estos cambios, pero lo que salta a la vista es una jugada política para centralizar la atención en salud y, con ello, tener un mayor alcance desde el centro hacia los estados.
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Estos cambios prolongarán la incertidumbre entre las personas sin seguridad social, que han venido dando tumbos con el INSABI, el cual nunca terminó de cuajar. Recordemos que la sociedad se quedó esperando el reglamento de operaciones de esta institución y que los pacientes tuvieron que ir resolviendo sobre la marcha. ¿Recuerdan a los papás de niños con cáncer?
¿Qué más? Ocasionaron un grave problema en el abasto regular de medicamentos, que a la fecha continúa siendo un asunto sin resolución. Modificaron el modelo de compra y distribución de medicamentos, siguiendo la idea del monopolio de la industria farmacéutica y de las empresas distribuidoras. Pagaron sumas multimillonarias a la UNOPS para entrarle al quite, pero resultó en una inversión que dejó más pérdidas que ganancias, por el pobre desempeño que demostró el organismo internacional. Finalmente, de manera discreta, recurrieron a las mismas empresas para que les ayudaran a curarse del balazo en el pie que se dieron.
Convirtieron instituciones autónomas, con infraestructura, capital humano, experiencia y agendas específicas dedicadas a aspectos importantes de la salud pública, en oficinas administrativas adscritas a la subsecretaría del Dr. Hugo López-Gatell. Disminuyeron y centralizaron COFEPRIS, CONADIC, CENSIA y dependencias dedicadas a la epidemiología, la salud mental, el VIH, la transfusión sanguínea, la prevención de enfermedades, entre otras.
El sistema de salud no había alcanzado de ninguna manera la perfección, pero sí un grado de madurez e integración entre los actores públicos y privados en el que cada quien conocía su papel, su alcance, su lugar y lo que le tocaba hacer. El acceso a la salud de las personas, lo realmente importante, logró estabilidad, especialmente con el modelo, que repito, era mejorable, del Seguro Popular.
El golpe de timón en el sistema de salud, más que cambiar el rumbo, ha resultado peligroso e incluso mortal, para muchas personas que en el tránsito, volcaron junto con las instituciones.
Lo que parece y nos muestra la evidencia, es que gran parte de las acciones tomadas, han sido motivadas sin un análisis de fondo, sin la existencia de opciones b disponibles, sin personas con la experiencia suficiente para llevarlas a cabo.
Lo que se ve, es una transformación institucional de un sistema complejísimo como es el de salud, que no puede ni nunca podrá ir a la velocidad del discurso político. Y eso que es lento.
Alejandro Vázquez
Director de https://approach.mx Asuntos Corporativos
Consultor en Asuntos Públicos y Comunicación Egresado de la UNAM
Twitter: @alexo_00
LinkedIn: www.linkedin.com/in/alejandrovazquezgonzalez29082017
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