Rebelión en San Lázaro | Alexis Javier Esperanza

El jueves 13 de abril de 2023 pasará a la historia del Poder Legislativo como un día clave en la determinación del futuro comportamiento de las coaliciones entre bancadas y en el pronóstico de guerra civil que se avecina para los próximos periodos ordinarios.

Antecedentes

La iniciativa que reforma las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) nació de la molestia conjunta de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados luego de que el máximo órgano de resoluciones electorales del país, determinó que la convocatoria votada por la unanimidad del pleno de la cámara baja, algo que es fácil de decir, pero muy raro de ver en estos tiempos, fuera desechada y odernase una nueva emisión que considerara nuevas fórmulas para la elección de consejeras y consejeros del INE. 

Este primer desencuentro encontró a la totalidad de coordinadores parlamentarios (Morena, PAN, PRI, Verde, PT, MC y PRD) con la firme convicción de que el Tribunal había excedido sus facultades y obrado de manera incorrecta, pues las supuestas pruebas con que desechó la convocatoria emitida se basaron en una muestra apócrifa, diferente a la publicada en la Gaceta Parlamentaria y sin las firmas de todos los coordinadores parlamentarios.

No sólo eso, una vez notificada la Junta de Coordinación Política de la resolución del tribunal, la cual es un órgano de gobierno donde se representan todas las bancadas de su respectiva cámara, la oposición y la mayoría razonaron que no eran sujetos competentes para acatar la sentencia y emitir una nueva convocatoria, dado que es la totalidad del pleno, o sea las 500 diputaciones, quienes someten a discusión y votación este proceso para remplazar consejerías del INE.

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Tras una reunión con las y los magistrados del TEPJF, donde todas las fuerzas políticas hicieron frente y reclamaron la intromisión de uno de los máximos órganos del Poder Judicial a una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, hablaron de que ese no era un proceso electoral, tal como una votación donde la ciudadanía elige a sus representantes populares, sino un proceso de selección de autoridades electorales; además sumaron su exigencia a que las y los magistrados no sólo tiraron una convocatoria, sino que resolvieron desechar la siguiente emisión de la misma para reparar un error de la primera sentencia en la que se les pasó aclarar que el papel de la consejería presidencia del INE debería de quedar en manos de una mujer. 

En respuesta a los reclamos de los diputados coordinadores, las y los magistrados les dijeron en esa misma reunión que si veían una intromisión de facultades del Judicial en las competencias del Legislativo, entonces que modificaran la ley para solventar este vacío. Esa fue la piedra que motivó a que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de San Lázaro decidiera elaborar una iniciativa para delimitar las tareas del Tribunal y marcar más claramente el límite entre poderes. Es decir, la provocación originaria para este proceso vino de un reto del propio tribunal hacía las y los diputados. 

El origen de todo se halla en el PAN

A solicitud del coordinador de los diputados del PAN y por el interés del Dip. Jorge Romero de suceder a su presidente de partido, Marko Cortés, fue esta fracción parlamentaria en la que se elaboró sustancialmente la iniciativa que causó tanto revuelo y polémica en la opinión pública. La exposición de motivos de ésta se basa en el marco legal alemán para la delimitación de las fronteras entre los poderes del Estado, y la justificación jurídica fue sustentada sustancialmente por el equipo del Dip. Romero Herrera, quien dio su palabra ante la JUCOPO de que su fracción se comprometía a apoyar el dictamen y a crear la mayoría necesaria para lograr la reforma. 

Una vez que se anunciase la iniciativa con bombo y platillo, pues en ese momento casi todas las dirigencias de bancadas apoyaron la reforma, con excepción del partido Movimiento Ciudadano, comenzaron las críticas. Una de las principales y en mi consideración, el error que le dio cabida a que las presiones externas a la representación popular electa impusieran agenda, fue que se delimitaba excesivamente las facultades del Tribunal para velar por el cumplimiento de los derechos humanos donde la ley no los contemplaba, haciendo énfasis en la paridad de género y en las acciones afirmativas que dan representación a los grupos en situación de vulnerabilidad (Arts. 41 y 73 constitucionales).

Las otras modificaciones, según mi visión, tienen completa validez dado el ambiente enrarecido y viciado en el que se halla el Tribunal Electoral, pues recordarán que sufrió de un golpe de estado interno en el que su presidente saliente fue sujeto a críticas por sus pares, y en el que su presidente actual fue señalado por haber sido excolaborador y muy cercano a Felipe Calderón y su grupo político.

Es por ello que otorgarle la facultad de resolución sobre cuestiones internas y exclusivas de la Cámara de Diputados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) parece sensato, pues esta institución del Poder Judicial en este momento es plural y está separada e inclusive en tensión con los otros dos poderes del Estado. 

Rebelión en San Lázaro

Una vez se difundió la iniciativa y se dio a conocer que las facultades del Tribunal que sirven para resarcir las faltas a la representación de grupos en situación de vulnerabilidad y a la paridad de género estaban en riesgo, distintas diputaciones de todos los grupos parlamentarios alzaron la voz y se declararon rebeldes a sus coordinadores de bancada, los cuales no se vieron con la expertiz suficiente como para imponer una votación en bloque ni para aclarar el sentido original del proyecto a sus compañeras y compañeros, y de esta forma resarcir los daños y lograr la mayoría.

Ante ello, por primera vez en esta LXV Legislatura, se vio un ambiente tenso en la que no había un bloque sólido; derivado de ello, las circunstancias dieron la impresión de que la dirigencia del PAN, quien es aconsejada y está subyugada a su verdadero líder, Claudio X González, ordenó a su fracción en el Congreso que se bajara del proyecto y, sin importar que Jorge Romero había dado su palabra y firmó el proyecto que ellos particularmente sustentaron, tuvo que ser echado a los leones cuando por medio del Dip. Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, se anunciase que este partido no acompañaría ninguna reforma. 

Esa sesión de la JUCOPO del día 13 de abril, develó mucho a los aliados del blaquiazul, quienes, en voz del Dip. Cházaro, coordinador del PRD y del Dip. Rubén Moreira, coordinador del PRI, recriminaron fuertemente a su aliado para terminar anunciando en la tarde del mismo día, por medio de Alito Moreno, que el Revolucionario Institucional tampoco se sumaría a la iniciativa. 

Sin duda, la negativa total de la oposición por la creación de leyes que puedan ser debatidas y atiendan a la razón del diálogo, parece una falla en el proceso legislativo y se ve motivado sobremanera por los tiempos electorales. Por otro lado, el hecho de que en todas las bancadas haya habido conciencia e independencia por parte de sus miembros, es un valor destacable que suma a la crítica y al razonamiento puro de los intereses que les llevaron a sus cargos, algo que se ve amenazado por otra reforma que salió de San Lázaro y se envió al Senado para bajar la edad mínima de cargos de representación y de secretarías de Estado, pero eso lo discutiremos en otra ocasión. 

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