
El fallo de la Corte el viernes 1o de diciembre, donde se reconoce que el Congreso del Estado de Nuevo León, es quien efectivamente estaba facultado para nombrar al Gobernador Interino, hizo que el equipo de Samuel García reculara de inmediato y según él, declinaba su licencia para «reasumir» sus funciones. Pero, la cosa no es tan fácil, porque una vez nombrado el nuevo gobernador interino, la solicitud de Samuel queda en manos del Congreso local, que no favorece a MC sino al bloque del PAN y del PRI en la entidad.
El estado de Nuevo León se encuentra inmerso en una situación política caótica e inconclusa debido a las tácticas políticas agresivas del gobernador Samuel García. Su intento de perseguir legalmente a opositores se volvió en su contra, ya que el PRI y el PAN, sus principales víctimas, lo colocaron en una encrucijada: la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano. García, sin el respaldo que buscaba, se vio obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones o dejar de ser un instrumento del presidente Andrés Manuel López Obrador contra Xóchitl Gálvez, candidata del Frente Amplio.

No hay dos gobernadores en Nuevo León, el gobernador es Luis Enrique Orozco y Samuel tiene que notificar al Congreso su reincorporación como Gobernador Constitucional. La gran pregunta es: ¿De verdad hay tanto temor para que el gobierno no quede en manos de otra cuna política que pueda investigar el actuar de Samuel? Porque esa era la jugada de MC, que el secretario de gobierno, Javier Navarro quedara como encargado para que Samuel se fuera a hacer campaña presidencial.
La situación se complica porque el Congreso no reconoce a García como gobernador y considera legítima la elección de Luis Enrique Orozco como interino. Aunque García alegaba que su licencia es válida hasta junio, el Congreso insiste en interpretar las disposiciones de manera metaconstitucional. La falta de comunicación de García sobre la cancelación de su licencia y la publicación contradictoria en el Periódico Oficial agravan su situación.
Las acciones ilegales de García, destinadas a cumplir su papel como instrumento del presidente AMLO, dejan claro que su candidatura presidencial era una farsa para favorecer a Claudia Sheinbaum. A pesar de abandonar la contienda, García continuó atacando a Gálvez, lo que sugiere una estrategia para debilitar a la oposición. Sus intentos de comprar votos y maniobras legales fallaron, y ahora se enfrenta a un gobernador interino con poderes amplios, capaz de despojar al Ejecutivo de su autoridad.
El horizonte para García parece sombrío, ya que su gestión anterior incluyó detener la publicación de decretos que redistribuían poderes del Ejecutivo al Legislativo y Judicial. El gobernador interino podría desencadenar una avalancha de medidas que reduzcan el poder de García y lo expongan a investigaciones por presuntos delitos. En este clima enrarecido, el gobernador que persiguió a otros podría convertirse en víctima de los mismos abusos que cometió.

Dr. Gustavo Adolfo Pérez Rojas
Redes: @drgustavoadolfo
Analista político y profesor universitario. Autor de los libros «Marketing político: Secretos de un consultor de campaña y redes sociales» y el «Andrés Manual de Marketing».
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