“Toda persona tiene derecho… a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten… Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas…” Artículo 27, Declaración Universal de los Derechos Humanos, París, 1948.
De acuerdo con la UNESCO, la Ciencia es un Derecho Humano, y como tal se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). A nivel interamericano, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948) y el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales DESC (1988), igualmente lo señalan en sus enunciaciones. Estas declaraciones buscan la generación de conocimiento a través de la certeza científica, para poder así fundamentar las políticas necesarias orientadas a lograr los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), incluidos en la Agenda 2030.
En el caso de México, el 15 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) fue publicado el decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Artículo 3°, a fin de incluir en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica como parte de las atribuciones del Estado en materia de derechos humanos, logrando que nuestro país se integrara a la tendencia mundial de entender a la ciencia como un bien público, ajustando en marco jurídico nacional la normatividad internacional de derechos humanos del cual forma parte desde 1948, con la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de forma unánime, el 10 de diciembre de ese mismo año.
Con esta reforma, se promueve a rango Constitucional el considerar y aceptar que la generación de conocimiento, su uso y aplicación son estratégicos para el desarrollo sostenible del país, y México necesita aprovechar los nuevos conocimientos, las tecnologías y la innovación como un eje transversal, para cumplir con la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se aprobó en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, estableciendo una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas que la suscribieron y se constituye como la guía de referencia para el trabajo de la comunidad internacional hasta el año 2030, y aun cuando han pasado ya 6 años de haber adoptado la Agenda, México no ha logrado brindar a la ciencia el papel fundamental y valioso que representa para poder estimular y acelerar los cambios sociales y medioambientales que son urgentes para poder garantizar el éxito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), siendo primordial entender que a través de la ciencia es como se pueden ofrecer soluciones reales e integradoras para los desafíos y retos señalados en la Agenda 2030.
Si bien el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, fue aprobado en 1966, en realidad entró en vigor hasta 10 años después al reunir las 35 firmas necesarias, México se adhirió a este tratado en el año de 1981, asumiendo nuevos compromisos relacionados en materia de derechos humanos.
El Artículo 15 del Pacto reafirma lo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en referencia a reconocer el derecho de toda persona a “gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”, anexando que los Estados deben adoptar para el pleno ejercicio al derecho a la ciencia “las (medidas) necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura, el respeto a la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora y el fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales”.
- El acceso a los beneficios de la ciencia por parte de todos sin discriminación, implicando esto un derecho de acercamiento a toda persona al conocimiento científico, sus avances, así como a la información, sin discriminación por raza, color, sexo, género, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, propiedad, lugar de nacimiento u otro. Se garantiza el ingreso abierto al conocimiento en ciencias y humanidades, coadyuvando a constituir una “red de conocimiento global”, que vincule la investigación local con la investigación externa, a través de asociaciones que promuevan acrecentar el conocimiento.
- Oportunidades para que todos contribuyan a la actividad científica y la libertad indispensable para la investigación, certificando con ello que la actividad científica se mantenga libre de intromisiones políticas o de otro tipo, respaldando el cumplir con los estándares éticos correspondientes. Cabe resaltar que la libertad científica da cabida al derecho de comunicar libremente los resultados de la investigación a otros, publicarlos y publicitarlos sin censura e independientemente de las fronteras políticas permitiendo a los científicos constituir y participar en asociaciones, cooperar con otros científicos tanto nacionales como internacionales, aunado a la libertad de salir y reingresar a su propio país, la libertad científica conlleva respetar la autonomía de las instituciones de educación superior y la libertad de los académicos y los estudiantes para expresar opiniones sin temor a la represión por parte de Estado o cualquier otro actor.
La función del Estado, por tanto, consiste en ser garante de respetar la libertad para la investigación científica y la actividad creativa, supeditándose a las normas internacionales elementales de los derechos humanos, que abarcan la protección efectiva de la libertad de expresar y comunicar ideas, así como desplazarse dentro y fuera del país para participar en asociaciones profesionales.
- La participación de individuos y comunidades en la toma de decisiones relacionadas con la ciencia, implica el compromiso de resguardar a todas las personas, principalmente a las poblaciones marginadas y pueblos indígenas, de las consecuencias negativas de pruebas científicas o aplicaciones de las mismas, sobre su integridad, seguridad alimentaria, salud y entorno.
- Un entorno propicio que fomente la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la tecnología, impulsando la aportación e involucramiento de científicos, académicos, tecnólogos e innovadores en la toma de decisiones, con base en la recomendación que proporciona la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el Estado debe dar a la comunidad la posibilidad de participar en la elaboración de las políticas nacionales en materia de ciencia, tecnología e innovación, velando por su conservación, desarrollo y difusión. Asimismo, debe crear los espacios para que proporcionen asesoramiento basado en evidencia en materia de políticas públicas a los legisladores y funcionarios públicos.
¿Qué significa el derecho a disfrutar de los beneficios y de los adelantos científicos, así como de sus correspondientes aplicaciones?
Básicamente el derecho a la ciencia implica la mayoría de las veces, una condición previa para otros derechos humanos, como son el derecho a la salud, al agua, a tener una vivienda, a la educación, así como a tener un ambiente limpio y saludable, razón por la cual, la ciencia y la tecnología necesitan orientarse a la consolidación de los derechos humanos, y no para atentar contra la dignidad de las personas y de sus libertades fundamentales.
Desde esta perspectiva, en México el Estado por medio de la ley, necesita generar conciencia acerca de lo que significa la importancia del derecho a la ciencia entre los investigadores, las universidades y los centros de investigación, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y el público en general, convirtiendo en una realidad la garantía de este importante acceso a la ciencia, en todo el territorio nacional
La fría realidad nos arroja a la cara que, de acuerdo con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en México se invierte el 0.4% del PIB en ciencia y tecnología, comparado con países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Austria, Suiza, España, Francia, Japón, Corea del Sur, Portugal, Polonia, Suecia, Finlandia y Reino Unido, que invierten hasta el 5% en ciencia y tecnología, debido a lo cual han logrado transformar sus economías.
Por su parte, el Banco Mundial brinda información acerca de que México basa su economía en la agricultura ocupando el 3,38% del PIB, por lo que México ocupa el séptimo lugar en las potencias agrarias. Lamentablemente, México se localiza en el penúltimo lugar en materia de ciencia y tecnología entre las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como resultado de que se designan muy bajos presupuestos para la ciencia, universidades y otras instituciones que carecen de recursos suficientes.
Al parecer, México ha perdido la visión de que el desarrollo de la ciencia promueve producir soluciones a los retos y problemáticas actuales, que los progresos tecnológicos y científicos logran cambiar y favorecer los estilos de vida, pues la ciencia origina conocimiento, y este conocimiento permite el desarrollo tecnológico, a su vez la tecnología propicia métodos de producción más efectivos y, por ende, mejores condiciones de vida y laborales para las personas.
En estos momentos es urgente e indispensable acentuar la envergadura que representa brindar educación científica de calidad, que permita al país nutrir e impulsar a niños, niñas y adolescentes del conocimiento y la posibilidad de desarrollarse, participar y opinar acerca de temas científicos relevantes.
Derribar la inadecuada idea e imagen que en México se continúa teniendo sobre la ciencia y la tecnología, considerándose como algo “difícil”, que implica estar sujeto a un ambiente de “laboratorio”, apremia eliminar esa percepción y para lograrlo se requiere proveer a las y los estudiantes de un lenguaje científico, apoyar y desarrollar un pensamiento crítico, permitir que niños, niñas y adolescentes tengan mayor contacto con la ciencia, la tecnología y la innovación, que les faculten para entender su entorno, indagar sobre la naturaleza, respetar y cuidar al planeta, asimilando así, que la ciencia es parte esencial de nuestra vida cotidiana.
Por desgracia, México no cuenta ni le interesa desarrollar como ya se ha demostrado, un plan o ruta definida para desarrollar e implementar programas de ciencia y tecnología que abran la puerta a la innovación. En la administración pasada, Conacyt contaba con el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI) 2014-2018, y se había proyectado el objetivo general de “Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible”, y los cinco pilares son:
- Aumentar la inversión anual al 1% como porcentaje del PIB
- Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel
- Impulsar el desarrollo de vocaciones científicas, tecnológicas y de innovación
- Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento
- Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del país
Penosamente en la actual administración se han aplicado recortes importantes, justificándose en un absurdo programa de austeridad establecido por el gobierno federal. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha enfrentado una considerable disminución en su presupuesto, y que ha impactado en el fomento científico, tecnológico y de innovación de país, trayendo como consecuencia que la plantilla de investigadores sea 9 veces menor en referencia a los demás países miembros de la OCDE, con publicaciones de artículos de investigación 5.5 veces menor, y otra consecuencia derivada es que se realicen 20 veces menos aplicaciones de patentes en los registros de propiedad intelectual.
Y mientras la oportunidad de que México se dirija a ser un país que avance en su potencial científico, tecnológico y de innovación se nos va de las manos, se gastan las energías persiguiendo políticamente a científicos, y cada vez se vislumbra más lejano el crecimiento y avance del país basado en el desarrollo tecnológico, sus métodos de producción y niveles de digitalización.
Mientras esta administración continúe con una visión retrograda, denostando lo que implique educación, cultura, ciencia, tecnología e innovación, las generaciones que se están formando en estos años cargarán en sus espaldas con un importante rezago que se convertirá en freno para su desarrollo y bienestar futuro.
Laura Águila Franco
Lic. en Psicología por la UNAM. Me he desempeñado como Psicóloga Escolar por espacio de 20 años, y como Directora Académica en los niveles de Preescolar y Primaria en colegios privados los últimos 15 años.
Formadora de Directivos y Docentes en la Reforma Integral de la Educación Básica (UNAM-SEP, 2009-2010), Participante en el Sexto Congreso Nacional de Primaria 2014 “Desafíos en el Aula”, en la Unidad de Congresos del CMN Siglo XXI.
Los comentarios realizados por las plumas invitadas en dlpoder.com reflejan perspectivas y análisis personales. DLpoder es un medio de comunicación democrático en donde todas las perspectivas aportan valor y son respetadas sin discrepancia.