Treinta y tres investigadores, académicos, exalumnos y personal de distintas facultades, departamentos e institutos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) “exigieron” a la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario declarar nula la licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel Mossa.
A través de un comunicado, miembros de la comunidad universitaria creen que el Consejo Universitario debe intervenir en la forma delictiva en que Esquivel Mossa obtuvo su título de abogado, al referirse al plagio en su tesis. Todo esto ocurre mientras la UNAM en un boletín oficial ha dicho este 18 de enero que revocará el contrato de la profesora Martha Rodríguez, tutora de tesis de Yasmín Esquivel.
De no hacerlo, los universitarios advierten que estará en juego la credibilidad de todos los títulos publicados por la UNAM, que pueden convertirse en objeto de sospechas y especulaciones.
Debemos fortalecer la confianza nacional en el trabajo de la UNAM, que no se permita que circunstancias de esta naturaleza empañen el trabajo honesto y responsable de la institución.
Se destaca que una de las firmantes es Rosaura Martínez Ruiz, hija de la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Rosaura Ruiz, becaria de la Facultad de Filosofía y Letras y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
De los que firmaron la declaración, hay cuatro Consejeros, siendo el grupo restante integrado por investigadores de Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, quienes proporcionaron sus números de cuenta para certificar su membresía en la comunidad. Entre ellos Gabriela Delgado Ballesteros y Enrique Ruiz Velazco Sánchez, asesores del Instituto Universitario de Investigaciones, Griselda Gutiérrez Castañeda del Programa de Posgrado de la Facultad de Filosofía, y Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, investigadoras del Instituto de Derecho.
Los firmantes recordaron que el rector Enrique Graué, en ejercicio de su autonomía, había confirmado el plagio, pero que el abogado general Alfredo Sánchez Castañeda dijo «inexplicablemente» que «la universidad no cuenta con los mecanismos necesarios para suprimir los títulos obtenidos de manera fraudulenta».
En cuanto a la posición del abogado general de la UNAM, el comunicado confirma que las restricciones antes mencionadas son incorrectas, por lo que no es necesario que la universidad renuncie a su autonomía y remita la solución del problema a la administración pública federal.
