El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló las modificaciones de la Norma Oficial Mexicana (NOM) con relación a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, donde se establece el derecho a la interrupción del embarazo de personas que fueron víctimas de violación.
Dentro de estas modificaciones a los puntos 6.4.2.7, 6.4.2.8, 6.6.1 y 6.7.2.9 de la NOM-046-SSA2-2005, las instituciones públicas de atención médica deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo “conforme a lo previsto en las disposiciones de protección a los derechos de las víctimas”.
De acuerdo con la SCJN, en caso de tratarse de personas menores a 12 años, se deberá solicitar el servicio por su padre y/o su madre, o, a falta de éstos, de su tutor, “bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que el embarazo es producto de una violación” y el personal de salud no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante.
En el caso de personas mayores a 12 años, la interrupción del embarazo se podrá realizar sin la intervención de algún Ministerio Público.
Son constitucionales las disposiciones que permiten el acceso a los servicios de salud para el ejercicio del derecho de las mujeres, niñas, adolescentes y a las personas con capacidad de gestar a la interrupción del embarazo en caso de violación.
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Por su parte, el Ministro Presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, señaló que, en caso de violación ninguna niña o adolescente debe ser obligada a ser madre, ni por sus padres, ni por el Estado, por lo que esta medida es fundamental e indispensable.
“Cualquier obstáculo para obtener la interrupción del embarazo en estos supuestos, supone una revictimización y una crueldad inimaginable”, declaró.
Además, Zaldívar enfatizó que “obligar a las mujeres o niñas a llevar a término del embarazo derivado de una violación, implica un total desconocimiento de su dignidad humana, autonomía y libre desarrollo de la personalidad”.
En caso de violación ninguna niña o adolescente debe ser obligada a ser madre ni por el Estado, ni por sus padres, madres o tutores. Cualquier obstáculo para obtener la interrupción del embarazo en estos supuestos supone una revictimización y una crueldad inimaginable. pic.twitter.com/uR8k7ASlqg
— Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) May 24, 2022