La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la facultad de las autoridades hacendarias federales sobre el acceso a la información bancaria de particulares sin la necesidad de una orden judicial.
De acuerdo con la decisión de la Primera Sala de la SCJN, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrán solicitar información bancaria de los ciudadanos ya que no es obligatorio el secreto bancario.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la SCJN aprobó un artículo de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) donde se establece que el secreto bancario no opera si se trata de información que el SAT requiere para la fiscalización.
La facultad de la @Hacienda_Mexico para requerir información relacionada con el secreto bancario, sin autorización judicial, no vulnera el derecho a la privacidad de las personas: #PrimeraSala
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La Sala reconoció la relevancia del derecho a la privacidad, pero recalcó que, como todo derecho, no es absoluto y debe ponderarse frente a otros fines “de alta importancia constitucional”, como cuando una autoridad hacendaria requiere información con la finalidad de “verificar el correcto cumplimiento de la obligación ciudadana”.
También señaló que dicha obligación puede mermarse a través de conductas como la defraudación fiscal, el lavado de dinero, el terrorismo o la delincuencia organizada.
Esta decisión de la SCJN emanó de la resolución de un juicio de amparo en el que el ciudadano solicitante de la protección federal reclamó la inconstitucionalidad del artículo 142, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito.
A su vez, las autoridades hacendarias interpusieron una denuncia en su contra, por la posible comisión del delito equiparable al de defraudación fiscal.
Es importante señalar que el Alto Tribunal declaró que la solicitud de información financiera por parte de las autoridades hacendarias no constituye una técnica de investigación relacionada con un proceso penal, pero sí una actuación administrativa para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.