El pasado lunes 7 de febrero, Estados Unidos puso en marcha una restricción para que embarcaciones con bandera mexicana que realicen actividades pesqueras en el Golfo de México, no entren a puertos norteamericanos.
Esta prohibición se debe a que México ha sido señalado como un país que incurre en la pesca ilegal desde 2015 y las autoridades mexicanas no han tomado medidas para combatir la problemática.
De acuerdo con un informe de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), las embarcaciones mexicanas han capturado peces regulados por Estados Unidos, además de dañar especies de tortugas marinas que se encuentran en peligro de extinción.
Además, se explica que hay una “continua incapacidad de México para combatir la pesca no autorizada por embarcaciones pequeñas” en aguas estadunidenses y se han interceptado 278 lanchas por sospecha de pesca ilegal, lo que derivó en 248 casos que fueron entregados al gobierno de México, sin embargo, no se frenó el paso ilegal de las embarcaciones.
Según la NOAA, también agencia científica del Departamento de comercio de los Estados Unidos, los beneficios portuarios serán regresados a México en cuanto se tomen acciones para garantizar que los productos pesqueros que México exporta sean legalmente capturados y por flotas autorizadas.
Posicionamiento por parte del Gobierno de México
Por su parte, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), anunció que se reforzarán las acciones para prevenir que barcos del país pesquen ilegalmente en la zona Económica Exclusiva (ZEE) de Estados Unidos en el Golfo de México.
Mediante un comunicado, la Sader ha señalado que ya se han impartido pláticas de prevención a pescadores, verificación documental a cooperativas y permisionarios e inspección a las instalaciones de una empresa exportadora y las de una cooperativa pesquera de la zona.
También destacan que los pescadores muestran una “abierta disposición” para realizar diferentes medidas coordinadas, con el fin de prevenir y erradicar prácticas “que pongan en riesgo las actividades productivas”.