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¿Jalisco abandonaría el Pacto Fiscal?

29/11/2021
yadira garcia montero

La necesidad de rediseñar el pacto fiscal en México ha sido un tema común en los discursos de los actores políticos desde hace décadas como consecuencia de la inconformidad que ha generado una redistribución inequitativa de los recursos de la federación a las entidades federativas.

Pese a ser un tema latente e incluso añejo, la discusión continúa, pues parece que solo han sido manifestaciones discursivas de inconformidad y no se ha dado una solución al problema, sin embargo, el tema ha cobrado relevancia nuevamente de forma particular en algunos estados del norte del país, como Nuevo León y Jalisco; por razones de extensión este texto abordará solamente el Caso Jalisco.

Con el objetivo de contextualizar al lector sobre la relevancia del análisis del pacto fiscal, en los siguientes párrafos se narrará su origen, sus principales características y el proceso del Caso Jalisco sobre la reconsideración de su permanencia en el pacto.

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El 27 de diciembre de 1978 se publicó la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), como consecuencia de la Tercera Convención Nacional Fiscal que dio origen al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF). La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados y su exposición de motivos manifestaba, entre otras cosas, la necesidad de considerar el problema de la coordinación fiscal entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios del país.

Además, identificaba los problemas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) referentes a la ausencia de separación de fuentes de tributación que correspondían a cada nivel de gobierno, la concurrencia de facultades en los campos impositivos de contribuciones entre la federación, las entidades y los municipios, la carencia de uniformidad en cuanto al monto y procedimiento para distribuir las participaciones entre las entidades federativas. Por estas y otras razones, se propuso revisar los procedimientos de participación y reunirlos en un solo sistema: el SNCF, cuyo objetivo principal sería evitar la doble o múltiple tributación.

Para lograr lo anterior, se requería que las entidades federativas que así lo quisieran se adhirieran al multicitado SNCF mediante la celebración de un convenio de coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio del cual se les daría derecho a participar en un Fondo General de Participaciones (FGP)que se distribuiría entre las entidades federativas. A cambio de dicha participación, los estados no impondrían gravámenes o los mantendrían en suspenso sobre las materias establecidas en las leyes federales relativas a impuestos participables.

Aquellos estados que decidieran no adherirse podrían establecer libremente los impuestos que estimaran convenientes, salvo los señalados en la fracción XXIX del artículo 73 de la CPEUM. Además, se creó el Fondo Financiero Complementario de Participaciones (FFCP) para que se distribuyera entre los estados en proporción inversa a las participaciones que recibieran del FGP, ya que este último tendría como consecuencia que las entidades que generaran mayores volúmenes de impuestos federales recibieran mayores proporciones por participaciones, lo que no abonaría a la aceleración del crecimiento social y económico de las entidades con menor desarrollo; también se destacó que se tomaría en cuenta la población de cada entidad para hacer llegar los recursos adicionales a los estados menos favorecidos.

Actualmente todas las entidades federativas de la república mexicana son parte del pacto fiscal, sin embargo, como consecuencia de las transformaciones del SNCF, existen estados que han manifestado su inconformidad con la forma de distribución de los recursos, pues consideran que reciben un trato injusto al recibir por concepto de participaciones una cantidad desproporcional en relación con sus aportaciones a la federación.

Ejemplo de lo anterior es el Caso Jalisco, entidad en la que a partir del 27 de noviembre se lleva a cabo la jornada de votación sobre la consulta popular[1] consistente en responder la pregunta: ¿Estás de acuerdo en que se revise cada seis años, la manera en que se reparte el dinero de los impuestos que recaba la Federación para que Jalisco decida si quiere seguir formando parte del Pacto Fiscal?

Este proceso comenzó el 6 de marzo de 2021, cuando el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez presentó ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) la solicitud de consulta popular sobre el Pacto Fiscal.

El 31 de marzo de 2021 el Consejo General del IEPC remitió dicha solicitud. Posteriormente se aprobó el cumplimiento de los requisitos de procedencia, la suficiencia presupuestal y las jornadas de información ciudadana. El 25 de octubre de 2021 el Consejo aprobó lineamientos y convocatoria de la consulta. Este proceso se realizará mediante la instalación de 970 centros de recepción de opinión que se distribuirán en las cabeceras de los 125 municipios del Estado, durante 4 fines de semana. Para que el ejercicio sea vinculante, es decir, que la autoridad esté obligada a acatar los resultados de la consulta, deberán participar el 33% de las personas registradas en la lista nominal del estado.[2]

El ejercicio que tendrá Jalisco es una oportunidad para encontrar soluciones a las condiciones en las que se encuentra el pacto fiscal. Su relevancia no es menor, pues una adecuada distribución de recursos nos beneficia a todos, impacta en nuestro acceso a la educación, la atención de salud, los servicios básicos y esto proporciona la base para una vida digna. Además, una práctica como esta fortalece la soberanía de las entidades federativas al demostrar el respeto a la CPEUM y al federalismo, lo que redunda en el fortalecimiento del estado de derecho.


[1] Artículo 97, Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco: La consulta popular es el mecanismo mediante el cual los habitantes del Estado, un municipio o demarcación territorial, expresan sus opiniones respecto a temas de carácter público o impacto social que son consultados por la autoridad correspondiente.

[2] Información consultada en el siguiente enlace: https://www2.iepcjalisco.org.mx/consulta-popular-pacto-fiscal-2021/


Mtra. Yadira García Montero

@YadiraGm1

Doctorante en Derecho, Maestra en Investigaciones Sociales y Humanísticas, Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes.


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