La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente hace una definición del ambiente como: “El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados” (artículo 3, fracción I).
Po lo tanto, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar adquiere una doble intención; por una parte, se busca proteger el ambiente como un bien jurídico fundamental y declara el papel indiscutible que éste tiene en la realización de un plan de vida digno, por medio del consolidar las mejores condiciones del entorno y la naturaleza, más allá de su relación con el ser humano y de la apreciación que éste haga sobre ellos, y, por otra parte, la protección de este derecho humano constituye un soporte y respaldo para la realización y vigencia de los demás derechos, atendiendo al principio de interdependencia, puesto que el ser humano se encuentra en una relación sólidamente perdurable con su entorno y la naturaleza, propiciando que la calidad de vida, presente y futura, la salud, patrimonio material y cultural se encuentren vinculados con la biosfera, en resumen, nuestra vida depende de la vida del planeta, sus recursos y sus especies.
Todos somos observadores de las consecuencias que ejercen los cambios extremos en los entornos y sus efectos en la calidad de vida, uno de ellos es el cambio climático que ha empezado a mostrar sus drásticos efectos a nivel mundial, y es el artículo 3, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático quien lo detalla como la “variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables”.
En nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 4o., párrafo quinto, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, que a la letra señala lo siguiente:
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley existe un instrumento jurídico marco, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que establece la distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno en la materia.
Así también existen otros instrumentos jurídicos relevantes en materia ambiental en México, como la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, entre otras, y sus respectivos reglamentos, que deben ser difundidas para buscar las mejores estrategias de protección al ambiente.
Importante es recordar que México tiene participación en una serie de instrumentos y tratados internacionales en materia ambiental que integran el marco jurídico en relación con el cuidado del ambiente, con base en el artículo 1o. de la Constitución, el cual fue reformado el 10 de junio de 2011 para establecer de manera expresa que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, por lo que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y que entre los compromisos que México adoptó, y que quedaron establecidos en la Ley General de Cambio Climático, se encuentra el reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 % de los niveles en el periodo comprendido del año 2000 al 2050, y llegar a la meta de cero deforestación para 2030, y en este punto el doctor José Sarukhán Kermez, coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), ha resaltado que “el desafío más importante para el país es detener la deforestación” para conservar la biodiversidad biológica y reducir los gases de efecto invernadero, por lo que el gobierno federal ya debería estar implementando acciones radicales al respecto.
El pasado 08 de octubre de este 2021, el consejo de Derechos Humanos de la ONU autorizó el dictamen que reconoce que vivir en un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible es un derecho humano sin el cual difícilmente se puede disfrutar de otros derechos, como a la salud o incluso a la vida. Costa Rica se mostró como el principal país promotor de dicha iniciativa, resaltando que el derecho a un medio limpio y sostenible está interconectado con otros derechos ya reconocidos en el derecho internacional, es decir que son de aplicación universal. Con esta resolución se pretende exhortar a los países para generar e implementar acciones que contribuyan a la protección del medio ambiente, cumpliendo de esta forma con sus deberes y responsabilidades en el rubro de los derechos humanos, incentivando a la vez, el intercambio de conocimientos e investigaciones y adoptando políticas públicas en concordancia con esta urgencia ambiental.
El Consejo de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, tomó la decisión de instituir la figura de relator para la protección de los derechos humanos frente al cambio climático, quien fungirá en el cargo por un periodo de tres años, y cuyas responsabilidades engloban estudiar y determinar «cómo influyen los efectos adversos del cambio climático, incluidos los desastres repentinos y los desastres de evolución lenta, en el disfrute pleno y efectivo de los derechos humanos», y desde luego formular recomendaciones.
El canadiense David R. Boyd fue nombrado Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente en 2018 y en marzo de 2021 se decidió que continúe en el cargo tres años más, comentó que “las Naciones Unidas, en un desarrollo histórico, ha reconocido por primera vez que todas las personas, en todas partes, tienen el derecho humano a vivir en un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible. Esto tiene el potencial de cambiar vidas en un mundo donde la crisis ambiental global causa más de nueve millones de muertes prematuras cada año” (Ginebra, 12 de octubre 2021), asegurando que estos acuerdos provocarán cambios constitucionales y la creación de leyes ambientales más fortalecidas, que conlleven a resultados más firmes y eficaces para la calidad del aire, agua limpia, suelo saludable, producción de alimentos de forma sostenible, energía verdes y limpias, que tengan como meta una biodiversidad y ecosistemas saludables.
El domingo 31 de octubre 2021, dio inicio la 26a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Glasgow (Reino Unido), cuya duración será hasta el 12 de noviembre, en donde la comunidad internacional tendrá como responsabilidad revisar los progresos alcanzados desde el Acuerdo de París de 2015, en tiempos verdaderamente complejos, con un mundo que todavía no muestra grandes signos de recuperación por la pandemia de Covid-19, y cuando, de acuerdo a las voces expertas, el tiempo para evitar una catástrofe climática está a punto de agotarse, lo que se espera de esta Conferencia son acuerdos de suma importancia para el mundo, como lo señaló en los día previos a esta reunión, António Guterres, Secretario General de la ONU al expresar que «si no se actúa con determinación, nos estamos jugando nuestra última oportunidad, literalmente, de cambiar el rumbo de las cosas”.
El martes 02 de noviembre, México decidió sumarse de último momento a la firma del acuerdo global para detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra hacia el año 2030, y en la denominada “Declaración de Glasgow”, los países firmantes dejaron asentado que:
Fortaleceremos nuestros esfuerzos compartidos para:
- Conservar los bosques y otros ecosistemas terrestres y acelerar su restauración;
- Facilitar políticas de comercio y desarrollo, a nivel internacional y nacional, que promuevan el desarrollo sostenible y la producción y el consumo sostenibles de productos básicos, que redunden en beneficio mutuo de los países y que no impulsen la deforestación y la degradación de la tierra;
- Reducir la vulnerabilidad, generar resiliencia y mejorar los medios de vida rurales, incluso mediante el empoderamiento de las comunidades, el desarrollo de una agricultura rentable y sostenible y el reconocimiento de los múltiples valores de los bosques, al tiempo que se reconocen los derechos de los pueblos indígenas, así como de las comunidades locales, de conformidad con las normas pertinentes. legislación nacional e instrumentos internacionales, según corresponda;
- Implementar y, si es necesario, rediseñar políticas y programas agrícolas para incentivar la agricultura sostenible, promover la seguridad alimentaria y beneficiar al medio ambiente;
- Reafirmar los compromisos financieros internacionales y aumentar significativamente la financiación y la inversión de una amplia variedad de fuentes públicas y privadas, mejorando al mismo tiempo su eficacia y accesibilidad, para permitir la agricultura sostenible, la ordenación forestal sostenible, la conservación y restauración de bosques y el apoyo a los pueblos indígenas y las comunidades locales. ;
- Facilitar la alineación de los flujos financieros con los objetivos internacionales para revertir la pérdida y degradación de los bosques, al tiempo que se garantiza la implementación de políticas y sistemas sólidos para acelerar la transición a una economía que sea resiliente y promueva los bosques, el uso sostenible de la tierra, la biodiversidad y los objetivos climáticos.
Por lo que ahora resta que en nuestro país, el gobierno verdaderamente cumpla con los compromisos firmados, lo cual se antoja difícil teniendo a un presidente necio, ignorante y férreo defensor de ideas arcaicas y obsoletas, y con un grupo de colaboradores carentes de carácter y valor para confrontarlo y demostrarle que está equivocado. Lo que el país necesita con urgencia es el uso de energías limpias, olvidarse de la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas, detener la tala inmoderada de bosques, que el planeta está enfermo y se precisa de acciones para reducir el aumento de temperatura, para el bienestar de la humanidad y las nuevas generaciones.
Aquí quedan para reflexionar las palabras de Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO:
“La crisis climática ya no es la amenaza de un futuro lejano, sino una realidad global. No hay solución sin educación. Es necesario que todos los alumnos comprendan el cambio climático y se les capacite para formar parte de la solución, y que todos los docentes reciban los conocimientos necesarios para enseñar sobre el tema. Los Estados deben movilizarse para ello.”
Laura Águila Franco
Lic. en Psicología por la UNAM. Me he desempeñado como Psicóloga Escolar por espacio de 20 años, y como Directora Académica en los niveles de Preescolar y Primaria en colegios privados los últimos 15 años.
Formadora de Directivos y Docentes en la Reforma Integral de la Educación Básica (UNAM-SEP, 2009-2010), Participante en el Sexto Congreso Nacional de Primaria 2014 “Desafíos en el Aula”, en la Unidad de Congresos del CMN Siglo XXI.
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