El objetivo principal de la división de poderes en cualquier sistema de gobierno es crear pesos y contrapesos para evitar que una persona o grupo de personas concentren el poder absoluto. Esto se logra separando las facultades de creación, aplicación y ejecución de las leyes.
Los poderes legislativo y ejecutivo están encargados de representar los intereses del pueblo al crear las normas bajo las que se regirá su convivencia y tomar las decisiones que llevarán a ejecutarlas de la manera más conveniente para él, respectivamente. Precisamente porque su función es velar por la voluntad de la ciudadanía es que, en una democracia, son electos por mayoría.
El poder judicial, por su parte, se encarga de hacer cumplir la ley para dirimir los conflictos que puedan suscitarse. Su deber principal es cuidar que los derechos que la ley otorga a cada ciudadano sean respetados, especialmente por quienes están a cargo de los otros dos poderes.
Para cumplir esta tarea, es esencial que quienes lo conforman estén apartados de las controversias políticas, pues de lo contrario, la voluntad de la mayoría carecería del control necesario para evitar que aplaste los derechos particulares de quienes no forman parte de ella.
Cuando estas facultades se mezclan o cuando un poder copta a otro, quien detenta el primero se vuelve capaz de hacer y deshacer a su conveniencia, muchas veces en perjuicio de la ciudadanía.
Otros instrumentos esenciales para cuidar nuestros derechos son las instituciones autónomas que, como el término lo indica, son independientes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Están especializadas para defender ciertos derechos.
En un país como el nuestro, donde “la soberanía reside en el pueblo”, como indica la Constitución, es deber de todos cuidar la división de poderes y las instituciones autónomas. Pero quienes forman parte de estos tienen una responsabilidad mayor.
Cuando ceden ante las presiones de uno de los poderes, o actúan en favor de su conveniencia propia en lugar de en favor del bien de los mexicanos, faltan a su máximo deber de cuidar el Derecho y la democracia, trazando con ello un camino directo al totalitarismo.
Eso es lo que hizo Suprema Corte cuando aprobó una consulta que claramente falta al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de las víctimas a la justicia, o el Tribunal Electoral cuando negó ilegalmente el derecho a la libre asociación de más de un cuarto de millón de mexicanos que cumplimos todos los requisitos para conformar un partido de oposición.
Quienes tenían el deber de cumplir la ley la tergiversaron y la ignoraron, la única forma de explicar una falta tan grave es pensar que cedieron ante presiones de un dictador autoritario que no quiere democracia. Los ciudadanos que sí la queremos no podemos bajar los brazos, tenemos que buscar todas las formas posibles y legales de hacernos escuchar, siempre buscando el bien mayor para nuestro país.
Daniela Kuri Breña Morales
Twitter: @danikbm
Activista Política
