Esta semana el presidente destapó de manera irresponsable dos asuntos que han despertado suspicacias, sospechas, debates y la solicitud urgente de aclaraciones. La primera, el caso Lozoya; la segunda, la administración del Puerto de Veracruz.
En ambos casos, durante las mañaneras, el Ejecutivo, como lo había reconocido por él mismo, salió sin preparación, sin conocimiento, sin información, sin sustento y esperando impactos mediáticos que le han sido desfavorables.
En el caso Lozoya, se ha dedicado a sembrar la duda en figuras públicas que sin ninguna prueba están vinculados a los presuntos sobornos. El presidente incluso se tomó el atrevimiento de exhibir completa una videograbación en donde se ven movimientos de fajos de dinero sin que se especifique su origen ni destino. Así lo hizo AMLO porque son miembros de un partido opositor.
De hecho no lo vimos actuar con esa firmeza y divulgación cuando su cercano René Bejarano se llevó hasta las ligas con tufo de dólares.
Tampoco denunció a su operador Gustavo Ponce Meléndez jugando en Las Vegas, en los casinos del hotel Bellagio, siendo ni más ni menos que su secretario de finanzas en el gobierno del D.F.
Hoy sí acusó sin medida a otros de corrupción, lo que obligó, como nunca se había visto antes, que el gobernador Francisco Dominguez de Querétaro le sentenciara “dándole la cara”, de manera pública y abierta ante la nación, que las acusaciones sobre su prestigio y nombre son “una bajeza”.
Ahora AMLO está obligado a responder, a presentar pruebas, a demostrar que Lozoya no sólo ha denunciado a personajes, sino presentado pruebas contundentes. El mandatario tendría también que aclarar la participación de la esposa de Jiménez Espriú en el caso Odebrecht.
Que desde la silla del poder pida, le exija, al gobernador de Puebla, Barbosa, aceptar si tenía relación o no con Lozoya; debido a que dice el estatal que nunca lo conoció presencialmente, pero hay imágenes que lo desmienten al interior del Senado de la República.
Sería bueno que el mismo AMLO informara qué negoció desde el Hospital Médica Sur con el entonces secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, para no “cercar” al Senado y no bloquear a la Reforma Energética.
¿Será cierto que a cambio de no entorpecer el proceso se le “otorgó” el registro de Morena como partido político?.
Todo hasta ahora en el caso Lozoya han sido filtraciones (incluso el video) cuyo principal promotor ha sido AMLO. Manejar, sesgar la información y ocultar la participación de sus cercanos, eso también es corrupción.
¿Usted cree que siendo la izquierda mexicana la principal opositora, hasta de manera violenta, a la Reforma Energética, ahí no se salpicaron sobornos?
El otro asunto, la administración del Puerto de Veracruz en donde AMLO manifestó acabaría con la concesión debido a supuestos de corrupción además de ser de la iniciativa privada. Saltan entonces reclamos y documentos.
No es de la IP, es una paraestatal y presentan un documento notarial que confirma que la paraestatal de servicios portuarios fue establecida ante el notario Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, casualmente hermano de la actual secretaria de Gobernación.
Ante esto piden al gobierno federal, en particular a AMLO, aclare sus pronunciamientos y defina su posición moral. Este como el caso Lozoya es otra filtración, otra manipulación, otra distracción.
Los propios veracruzanos exigen al Ejecutivo no fracturar la dinámica del Puerto como se atrevió a hacerlo con el aeropuerto nuevo de la CDMX.
Así que, en conclusión, para sancionar a los corruptos: o todos coludos o todos rabones; AMLO tiene la obligación de aclarar estos dos asuntos; se está vulnerando desde el propio gobierno la fortaleza de la Fiscalía y el prestigio del fiscal; ¿hasta dónde hacer caso en las declaraciones de un “delincuente confeso” presionado a declarar?
¿Hasta cuándo AMLO va a detener esta ya poderosa maquinaria del desprestigio público que pronto podría rebotarle hasta al interior de Palacio Nacional?
Carlos Ramos Padilla
Periodista y conductor en TV Mexiquense y TVC Meganoticias
Presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión.
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