Por un lado se ha propuesto una descentralización de las dependencias federales, por el otro una centralización de las Delegaciones Estatales del gobierno federal. ¿Qué implicaciones puede tener este proceso de transformación?
Más allá de pensar en ventanillas de atención, medios de comunicación virtual, o cualquier otra mecánica para resolver la problemática logística de ubicación; habrá que ver lo relativo a la normatividad, es decir, manuales de procesos, leyes, reglamentos, y todo el andamiaje que reglamenta o regula cada acción o función de cada área, puesto y función.
Al no considerarse esta urgente actualización o reingeniería, estarían en riesgo muchas de las acciones de gobierno tanto en lo relativo a la certeza jurídica de la acción frente al ciudadano. Como en lo que se refiere a la materia de responsabilidades, ya que los actores o ejecutores de cada tarea carecerían de soporte en su actuar bajo la premisa de que el servidor público sólo puede hacer aquello que específicamente le está permitido o conferido.
No es sólo un tema de mudanza, eso sería ver a la administración pública de forma simplista y con gran desconocimiento. Entre las primeras acciones que tendrán que considerar en su planeación, más allá de costos de operación, puesta en marcha, reubicación, reestructuración, y todo lo que se refiera a infraestructura y adaptación al nuevo lugar; será indispensable crear y transmitir conocimiento a quienes sean los responsables de ese proceso, y a todos los involucrados que continúen o se incorporen a la nueva administración sexenal.
No hace mucho se dio una transición hacia la gobernanza, donde se buscaba mayor participación del ciudadano en las acciones de gobierno y una nueva correlación de equilibrios políticos. Poco a poco se fueron creando mecanismos que migraron responsabilidades del gobierno hacia instituciones autónomas, se crearon nuevas reglas para las balanzas de gobierno y se transitó hacia una mayor democracia y transparencia, claro muy perfectible.
Hoy el Estado/Nación mexicano he decidido cambiar ese rumbo más que en otra dirección, con nuevas formas que habrán de requerir mucho diseño, estudio y transformación. Lo que llevará consigo reglas de operación nuevas o reconstruidas. Lo cierto es, que en ese proceso se puede caer en vacíos o inexactitudes por la prisa y reclamo de la ciudadanía demandante y urgida de resultados.
En ese andar los nuevos retos serán por demás exigentes y arriesgados porque se convertirán en verdugos de cara al recurso más explosivo y no renovable: el tiempo. Uno de los inminentes peligros es que se podrían dar dos supuestos, la pérdida de conocimiento y su no transmisión de la experiencia de vida en la acción de depuración a rajatabla y, el segundo, que frente a la urgencia se continúen prácticas que son el motivo que generó la tajante decisión del electorado.
En definitiva, lo que no habrá es tiempo de preparación, puesta en marcha y un método que permita aprendizaje a base de ensayo y error; estamos pues frente a una mayúscula prueba de la capacidad de disrupción y resiliencia del aparato gubernamental en ciernes.
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ECG. Alfonso León de Garay Montoya.
Ex funcionario estatal, local y federal; consultor asociado en temas organizacionales de alta dirección pública.
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