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Las turbias intenciones detrás de la posible eliminación del INAI y el IFT

Columna de Gus Pérez

Datos, datos, datos. El tratamiento de los datos, el anhelo democrático por alcanzar la plena transparencia sobre el uso de los recursos, pero también la controversia por el derecho a la privacidad de nuestra información, son papas calientes en los objetivos estratégicos de este gobierno federal encabezado por López Obrador.

Las instituciones autónomas no le gustan mucho a la 4T, ya nos acostumbramos a las embestidas cotidianas hacia el IFE, sus funcionarios, y en general hacia su figura como organismo público, al cuál se le señala como parcial, fraudulento y ostentoso, casi como un lujo. La idea básica es que, como según el Presidente, el IFE no sirve, entonces hay que quitarle presupuesto para que éste sea utilizado por él para, según su discurso, sea aplicado “directamente” en sus programas sociales, que a todas luces ya sabemos que tienen su jiribilla electoral en favor de los intereses presidenciales.

Ahora se le suman al embate del presidente, al menos dos instituciones reguladoras y de escrutinio: El INAI y el IFT.

Primero, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que se formara en el sexenio de Vicente Fox, en 2002; es el brazo ejecutor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Costó mucho esfuerzo, costó mucho dinero, muchas críticas, pero al fin operó y sigue operando, precisamente para transparentar y atender los requerimientos de acceso a la información que puede pedir cualquier ciudadano.

Para el trabajo académico, yo mismo he usado sus servicios en 2013 y 2015, y debo decir que es realmente un mecanismo efectivo, no sé si eficiente; es verdad, suele tardar la recabación de datos, pues en realidad las dependencias son las que terminan buscando, recabando y presentando los datos. Pero aún así, es un buen servicio al servicio de la democracia.

El próximo lunes 11 de enero, el presidente lanzará una “reforma administrativa” para eliminar estos organismos autónomos, el INAI y el IFT. Según AMLO, se deberá hacer un debate como en el caso de la desaparición de los fideicomisos; que al tener el control del Congreso, ya sabemos que la palabra “debate” es ornamental, para ocultar lo que ya sabemos que será aprobado sin discusión alguna.

La propuesta es que las funciones de acceso a la información pasen de este organismo autónomo, a formar parte de la Secretaría de la Función Pública, en manos de su leal Irma Eréndira Sandoval. En otras palabras, su intención es centralizar esta función, controlar estas soclicitudes de acceso a la información, y por supuesto decidir lo que se puede o no otorgar a la ciudadanía, con respecto a las solicitudes para transparentar la vida pública.

¿No sé si logren realmente a comprender lo que está por suceder? Se va a echar a la basura años y millones de pesos invertidos, con el afán contradictorio de ahorrar pero a su vez volver al gobierno más opaco, pues una vez que se le quite el carácter autómo a la peticiones de información, es obvio que el acceso a la información volverá a darse al contentillo del gobierno, algo que pensabamos que se había superado. Ni hablar, de la incertidumbre que esto generará a los ejercicios internacionales de gobierno abierto.

En segundo lugar, el IFT o Instituto Federal de Telecomunicaciones. Otro organismo autónomo encargado de regular y supervisar las redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

El IFT en el escenario de la competencia comercial, pero en el contexto de la actual violencia derivada del crecimiento de la delincuencia, es crucial, que tenga total y plena funcionalidad y autonomía, para verificar que las compañías cooperen y que los gobiernos actúen de manera justa frente al ciudadano.

Tan es importante que en la firma del propio TMEC con EEUU y Canadá, se considera como uno de estas instituciones reguladoras e intermedias que deben permanecer vigilantes en materia de telecomunicaciones,

AMLO considera que no, que son un gasto innecesario y que debe desaparecer, para mejor pasar sus funciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Pero aquí hay algo más, existe una propuesta de los diputados de Morena, por hacer un padrón de datos de usuarios, para que “a la fuerza” todos cooperen con sus datos y que así el gobierno sepa el nombre y teléfono de cada usuario.

Obvio, se escucha bien que esto puede ayudar a perseguir a la delincuencia, identificar extorsiones; pero combinado con la posible eliminación del IFT, dejaríamos una pata coja, dejaríamos a los usuarios, los datos de comunicación de los ciudadanos, al libre albedrío de las intenciones del gobierno. No queremos imaginarlo, pero en el momento en que el actual gobierno se sintiera amenazado, con la mano en la cintura podría intervenir sin problemas líneas telefónicas y datos digitales de los usuarios que estén en descontento o que tengan un ideología diferente a los intereses del gobierno. ¡Qué grave!

Mucho cuidado, será un 2021, donde se van a definir muchas cosas para el futuro del sistema político. La gente votó por un cambio, porque quería que se garantizaran sus derechos y libertades, no para que un padre sustituto y metiche llamado gobierno se meta a ver sus comunicaciones privadas.


Dr. Gustavo Adolfo Pérez Rojas

@drgustavoadolfo

Analista político, autor, consultor en campañas políticas y profesor universitario.


Los comentarios realizados por las plumas invitadas en dlpoder.com reflejan perspectivas y análisis personales. DLpoder es un medio de comunicación democrático en donde todas las perspectivas aportan valor y son respetadas sin discrepancia.

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