Fracasó el sistema forense, otra herencia para Sheinbaum | Realidades con Carlos Aguila Franco

El tiempo avanza hacia el 1 de octubre del 2024, en que Claudia Sheinbaum iniciará su administración 2024-2030, para conducir el destino de más de 126 millones de mexicanos, y cada día vamos conociendo más y más información del total fracaso de López y su 4-T, que, de verdad, son para súper preocuparse, por la enorme problemática que presentan.

Mientras tanto, López y Sheinbaum andan como la canción Lamento Borincano, que dice “Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad”. Y antes al contrario de darse cuenta de la cruda realidad que estamos viviendo, presumen y presumen que todo está bien.

CRISIS EN EL SISTEMA FORENSE

En un tema más de cómo dejará el país López, está el Sistema Forense a nivel nacional. El diario ejecentral, publica el 5 de agosto del 2024, dando a conocer la patética situación que viven los SEMEFOS. Desatacando que, están sin recursos ni personal capacitado; en los 32 estados del país, hay cuatro mil 111 peritos, pero únicamente 238, es decir, el 5.8% del total, tiene la especialidad en genética forense

Señalando que el 30 de noviembre de 2023, mismo día en que desapareció el joven José Alejandro de la Cruz en Zacatecas, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) dio a conocer lo que sería su último informe de actividades. Y en el documento se incluye un listado de incidentes que le impidieron operar a plenitud para combatir la crisis forense que agobia a México. 

Describiendo los desacuerdos entre los encargados de dirigir una institución que, en su momento, representó una esperanza para identificar al menos 52 mil cadáveres que permanecen en el limbo jurídico y burocrático.

José Alejandro, de 21 años de edad, era hijo de Virginia de la Cruz, la mujer que el pasado 12 de julio del 2024 conmovió al país al irrumpir en el Congreso de Zacatecas para denunciar, entre lágrimas y gritos de desesperación, que el Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses se había tardado ocho meses en identificar el cuerpo del joven, quien durante más de 244 días estuvo perdido entre montones de cuerpos humanos. Tras la irrupción de Virginia, el colectivo Sangre de mi sangre denunció que en Zacatecas hay al menos cuatro mil personas desaparecidas que ninguna autoridad busca y alrededor de 950 cadáveres sin identificar, por las fallas en el citado organismo.

Esta cruda realidad ilustra la crisis que enfrenta México, rumbo al cambio de gobierno, en tres facetas: la primera, el aumento exponencial de casos de desaparecidos, hasta alcanzar un acumulado histórico de 115 mil 932 personas sin ser localizadas, la mitad de ellas con su ausencia reportada en la actual administración; dos, la existencia de miles de cadáveres sin identificar, los cuales permanecen en fosas comunes, morgues y cámaras de refrigeración; y tres, el naufragio de las instituciones creadas en este gobierno para enfrentar el problema.

El no contar con la infraestructura adecuada para el tratamiento e identificación de cuerpos, se refleja en que, de los 32 estados del país, únicamente siete cuentan con un centro específico de identificación humana, dotado de recursos y personal especializado en ciencias forenses. se trata de Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.

Asimismo, en todo el país solamente hay cuatro mil 111 peritos involucrados en la identificación de cuerpos. Pero, como se mencionó al inicio, sólo 238, que es 5.8% del total, cuentan con la especialidad en genética forense. Únicamente 30 que son el 0.73% se dedican a la antropología forense y dos, 0.05% tienen especialidad en arqueología forense.

Y si a todo lo anterior le sumamos el alza en desapariciones forzadas, la situación se torna más patética. Pero, todo indica que, a los Congresos de los estados, estos temas no han sido para nada prioritarios. Y la prueba está en que, de acorde a la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre el 2021 y el 2024, el tema de los desaparecidos sólo fue motivo de reuniones de comisiones legislativas estatales en cuatro ocasiones.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, calcula que la cifra de cuerpos sin identificar podría ser mayor a 52 mil, lo cual también ha sido mencionado desde hace tiempo por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, porque no hay cifras oficiales actualizadas disponibles.

Agregando que el 60% de las personas sin identificar que son 31 mil 200 cuerpos, yacen en fosas comunes en cementerios públicos, donde los registros son deficientes, y existe una alta probabilidad de extravío de restos. Asimismo, alrededor del 7%, tres mil 600 cuerpos, permanecen en instalaciones de los servicios forenses estatales; 5%, dos mil 600 cadáveres, han sido trasladado a universidades o centros de resguardo forense especializado y las autoridades no han podido o no han querido informar en dónde se encuentra el 22% de las personas fallecidas sin identificar, refiere la organización, sobre el paradero de 11 mil 400 cuerpos. Esta Organización agrupa a colectivos que buscan desaparecidos en 25 estados de la República Mexicana.

LA VIOLENCIA AUMENTA DESAPARECIDOS

El primer lugar, de esta problemática, es la violencia. De acuerdo con datos manejados por la Comisión Nacional de Búsqueda, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 15 de junio de 2023, se habían localizado dos mil 946 fosas clandestinas y se habían exhumado de ellas cinco mil 128 cuerpos. Hasta ese corte, dos mil 376 cadáveres habían sido identificados, correspondiendo al 46.33% del total, y mil 420 habían sido entregados a sus familiares, representando el 27.69 por ciento.

En segundo lugar, las causas inherentes a los servicios forenses, los cuales dependen de las fiscalías de justicia estatales, salvo en tres entidades, en donde forman parte de los respectivos poderes judiciales. La organización ha detectado fallas como: servicios forenses cuentan con protocolos deficientes, carecen de sistemas de supervisión y control de calidad, sus bases de datos están subutilizadas y escasamente interconectadas y faltan insumos y equipamiento en los laboratorios.

Como ejemplo, el caso de la señora Virginia, que reclamó con gritos y llanto el hecho de que retuvieran a su hijo en el Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses durante ocho meses a pesar de que le habían practicado las pruebas de ADN, puso al descubierto las deficiencias de este organismo, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ).

Es por ello que el colectivo Sangre de mi sangre, señaló que son muchos los casos como los de Virginia, en los que se repite este patrón de que no notifican a los deudos sobre los procesos de identificación, y lamentablemente, por temor, amedrentamiento e inseguridad, las familias no acuden a denunciar. Apuntando que, con estas acciones, la desaparición de las personas viene acompañada con la desaparición burocrática, y llamó a las autoridades a romper estos circuitos de impunidad.

En febrero de este 2024, la comisionada nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, informó que el Gobierno federal no destinaría más recursos para el MEIF, con lo que feneció una iniciativa que impulsaron las familias buscadoras con el propósito de tener certeza en la identificación de decenas de miles de cuerpos. De manera paralela, también en febrero, comenzó el desmantelamiento de la Comisión Nacional de Identificación Humana (CNIH), que fue creado en agosto de 2022 con la misión de terminar con la angustia de miles de familias que no han podido identificar a sus seres queridos desaparecidos.

En el mismo tenor, un reporte dado a conocer en días pasados por el diario La Jornada advierte que los trabajos científicos del CNIH, destinados a identificar restos humanos, se han visto paralizados debido a la rescisión de contratos de personal y la falta de recursos materiales y equipo tecnológico adecuado, lo que coincidió con el cambio de administración en la Secretaría de Gobernación.

Del mismo modo, sólo 10 estados del país han habilitado un panteón forense, que es como se denomina a las instalaciones especialmente diseñadas para resguardar cuerpos que están en proceso de identificación, con lo que se evita que terminen en fosas comunes en las que es difícil su posterior tratamiento. Los únicos estados que cuentan con dicha infraestructura son Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Colima y Michoacán.

Los 10 estados con mayor número de desaparecidos, que muestran mayor rezago en la creación de instituciones especializadas en identificación de cuerpos son Nuevo León con seis mil 855 ausentes y Sinaloa cinco mil 617, careciendo de centro de identificación y de panteón forense.

Con 1.6 millones de habitantes, Ecatepec, gobernado durante dos administraciones consecutivas por el morenista Fernando Vilchis Contreras, es el segundo municipio más poblado del país, sólo superado por Tijuana, Baja California, y durante muchos años ha estado entre los territorios con mayor percepción de inseguridad. Con un historial de 866 personas desaparecidas, Ecatepec está entre los 15 municipios con mayor número de personas sin localizar; sólo es superado por Guadalajara, dos mil 994 desaparecidos, Reynosa, dos mil 655, Nuevo Laredo, dos mil 609, Matamoros, dos mil 503, Zapopan, dos mil 400, Atlautla, mil 956, Monterrey, mil 941, Tlajomulco, mil 360, Tlaquepaque, mil 150, Victoria, 986, Iztapalapa, 965 y Hermosillo 900.

Patético que en Ecatepec para ilustrar la crisis de almacenamiento que prevalece en este municipio, las cámaras de refrigeración tienen capacidad para cuatro cadáveres, aunque hay ocasiones en las que se llegan a tener órdenes de tres o hasta cuatro cadáveres en un día. Si las cámaras están ocupadas, a veces se dejan los cuerpos en el piso, literal, así como van llegando.

Con 10 mil 315 casos, 2023 es el año en que se reportó el mayor número de personas desaparecidas desde que se lleva un recuento oficial, revela el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2024, elaborado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y alerta que, de continuar la tendencia, al final de este 2024 se tendrá una cifra igual o mayor que el año previo.

Al asumir el cargo, el próximo 1 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum heredará un problema que, según organizaciones no gubernamentales, ya tiene las dimensiones de crímenes de lesa humanidad.

Y mientras eso sucede, Sheinbaum sigue en su gira del “guayabazo” con López que presume que todo está bien y le entregará un gran país, mientras le espera una patética y fría herencia en los SEMEFOS. 

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