
El pasado 13 de noviembre, marcharon miles de mexicanas y mexicanos a favor de la libertad, la democracia, la justicia social y el respeto a la autonomía del árbitro electoral: el INE.
Como respuesta a una continua ausencia de acciones que brinden soluciones a los problemas públicos de los que es víctima nuestro país. Situación, que ha sumado voces que demandan al gobierno resultados que aporten al progreso, al desarrollo e interés común del México moderno.
El contexto político de nuestros tiempos, demuestra una justificación reiterada de falacias argumentativas donde los datos, la ciencia y la razón no son elementos clave para la toma de decisiones. Es preciso destacar, que las sociedades democráticas cuentan con un “dispositivo político que es capaz de resolver problemas públicos con base en su herramental técnico y organizacional para tomar decisiones adecuadas que lleven a acciones efectivas” (Arellano, 2022).
Sin embargo, no hemos aprendido de los errores del pasado, dado que se continúan replicando modelos que ya han fracasado. Así pues, en lugar de que se propicien acciones que aporten a la unidad social, por el contrario, se aportan palabras que abonan a la polarización social entre ciudadanos, mediante un rechazo retórico hacia quienes piensan en sentido contrario al gobierno, atentando en contra de las libertades del pensamiento crítico; finalmente, continua la promoción de programas públicos con fines clientelares, entre muchos otros escenarios que siguen sin contribuir a una toma de decisiones que lleven a buenos resultados.
Por ello, el México moderno se encuentra ante un riesgo en ascendencia, impulsado por la oclocracia.
La oclocracia según lo descrito por Polibio (historiador greco-romano) es una democracia degenerada, donde la voluntad general es subordinada a la voluntad del gobierno comandada por un jefe político. Es decir, que manipula la toma de decisiones bajo la supuesta voluntad del pueblo aprovechando la polarización, los fanatismos ideológicos y la ignorancia justificando así sus deseos de manera arbitraria e incluso por encima de la ley.
La manipulación y la subordinación de la política de jefes de tintes oclocráticos, impone el deseo individual desvirtuando los procesos de toma de decisiones y descontextualizando los conceptos que abonan al interés de la comunidad impactando nuestro estado de Derecho.
En el supuesto de que el Poder Legislativo aprobará la reforma electoral en los términos planteados desde el mes de abril, representaría un retroceso a la vida democrática del México moderno. Ya que es una propuesta que plantea modificar la naturaleza jurídica de fondo del órgano electoral (INE) que pone en riesgo su autonomía y politiza su proceso de integración.
Asimismo, contiene un cúmulo de incentivos perversos que degeneran la democracia (oclocracia) maximizando la utilidad política del gobierno comandado por un jefe político, centralizando la toma de decisiones en un solo Poder.
Finalmente, las mexicanas y mexicanos debemos ejercer lo que por derecho no corresponde, exigiendo que las acciones y la toma de decisiones de los gobiernos brinden resultados positivos en la vida pública de nuestro país mediante procesos de participación justos y transparentes donde la toma de decisiones se justifiquen bajo términos jurídicos, científicos y razonables.
Por ello, es importante participar y exigir desde nuestras trincheras acciones que beneficien en todo momento el interés colectivo de la nación, donde prevalezca una democracia sana sin incentivos perversos de fondo e impere un auténtico estado de Derecho.
Pablo Alcántara 🖋️
Abogado y Analista Político
Twitter: @pae_mx
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