“La libertad de expresión es la base de los derechos humanos, la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad. Matar la libertad de expresión es insultar los derechos humanos, es reprimir la naturaleza humana y suprimir la verdad. – Liu Xiaobo, Premio Nobel de la Paz.
La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano e incluso está consagrado en nuestra Constitución en los artículos 6 y 7. Ella establece que “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa […]” y “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares […]”.
En un país democrático la libertad de expresión permite que una persona pueda buscar, recibir y difundir información, y opiniones libremente. Es un derecho que permite criticar, opinar y formar parte del debate público. Se trata de una herramienta que tenemos los ciudadanos para ser un contrapeso al poder gubernamental. Herramienta con la cual podemos cuestionar y señalar a gobernantes sirviendo como un freno a la discrecionalidad del poder.
Pero al poder nunca le ha gustado que lo cuestionen y parece ser que este sexenio no ha sido la excepción. Si bien los ataques a la libertad de expresión y a la prensa han existido siempre, en este gobierno ya se han cruzado limites jurídicos que no pueden quedar impunes. Y es que a lo largo del gobierno de López Obrador se ha visto un ataque sin precedentes, cada vez más intenso, hacia cualquier persona que opine distinto a él o que ventile la opacidad de su administración.
El pasado viernes 11 de febrero de 2022, después de que el periodista Loret de Mola exhibiera la inexplicable vida millonaria del hijo de Andrés Manuel y el posible caso de conflicto de interés con PEMEX, el presidente decidió hacer uso del aparato del Estado para intimidar a un periodista desde el pulpito inquisitorial mañanero. Violando la ley y con total arbitrariedad, el presidente exhibió datos fiscales y personales del periodista en cadena nacional, poniendo en riesgo la integridad del periodista y violando los artículos 6 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales, así como el art. 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
López Obrador se comportó como un tirano. Y es que la censura a la libertad de expresión no solo radica en la violencia física, sino también en la violencia verbal, que en este caso es ejercida desde las mañaneras. Eso es lo que ha venido haciendo esta administración desde el primer día, exhibir tal cual juicio inquisitorial a cualquiera que critique al presidente y a su 4T. Señalar a su gobierno te saca un boleto directo a recibir un linchamiento verbal donde serás llamado corrupto, hampón, conservador, usurero, vendido, todo ello sin pruebas.
Toda esta estigmatización y violencia verbal del presidente hacia cualquiera que disienta es una forma de censura mediante la intimidación. Cuestionarlo es igual a ser arbitraria e injustamente exhibido. Por si fuera poco, todo este odio que alimenta el presidente es gravísimo si tomamos en cuenta que en lo que va de su sexenio se han asesinado a 47 periodistas hasta octubre del 2021 (SEGOB) y 6 más en lo que va del 2022, cifras históricas.
Tras este ataque del ejecutivo federal, miles de periodistas se reunieron en un Space de Twitter, donde todo tipo de ideologías y posiciones coincidieron que independientemente de si nos gusta o no lo que pública Loret, no puede quedar impune esta acción autoritaria, en la cual, con total arbitrariedad un funcionario puede tomar los datos personales de cualquier civil y exhibirlos en cadena nacional, solo porque no le gusta lo que se dijo o publicó. La unión del gremio de periodistas y sociedad civil se preguntó con razón, “Hoy fue Loret, pero el día de mañana será cualquiera de nosotros”.
Héctor Gabriel Mújica Hernández
Ciencia Política de la UNAM