La red Inclusión Internacional, junto con otras organizaciones de América Latina, realizaron un sondeo para indagar sobre el impacto que ocasionó la crisis sanitaria por COVID-19 a las personas con discapacidad intelectual.
El informe titulado “Impacto de la pandemia por COVID-19 en las personas con discapacidad intelectual y sus familias en América Latina, 2021” demuestra que las personas con esta discapacidad fueron y seguirán siendo las más excluidas en la atención de sus derechos durante la pandemia.
Para la realización del informe participaron 11 países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. En estas naciones se aplicaron cuestionarios vía electrónica.
Escasa inclusión de personas con discapacidad en planes de contingencia
De acuerdo con las organizaciones que participaron, los gobiernos de los países no las consultaron para elaborar una respuesta a la pandemia, a excepción de Paraguay, que elaboró un plan de contingencia donde incluyeron a las personas con discapacidades.
Además, señalaron que México es uno de los países en donde se da más información sobre COVID-19, pero no lo ha hecho en formatos accesibles.
Apoyos económicos
Según el informe, solamente los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y México aumentaron los apoyos económicos y becas para las personas discapacitadas. A su vez, el gobierno de Chile continuó con tal apoyo a las personas que no reciben ningún ingreso.
Educación
Aunque las y los maestros recibieron la capacitación adecuada para impartir las clases en línea, “las y los estudiantes no siempre tienen acceso a internet o plataformas accesibles para las clases”, por lo que las familias tienen que hacerse cargo de la educación sin tener la preparación adecuada.
Empleo
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú son los países con mayor número de personas con discapacidad intelectual que cuentan con empleos. Sin embargo, las personas tienen mayor riesgo de perderlo y muy pocas opciones para tener uno.
Las empresas privadas son las que ofrecen más empleos a personas con discapacidad intelectual, mientras que los gobiernos ofrecen pocos empleos.
Violación de sus derechos
3 de cada 10 personas encuestadas señalaron que sufrieron violación de sus derechos, como la igualdad, salud y educación.
Los países donde se observó más esta violencia son Paraguay, Perú y Bolivia. Por el contrario, México, Uruguay y Brasil es donde hay menos violaciones a los derechos de las personas con discapacidad intelectual.
Recomendaciones a gobiernos de la región
El informe enlista una serie de diversas recomendaciones para los gobiernos de los 11 países, elaboradas a partir del sondeo de las personas con discapacidad intelectual, sus familias y sus organizaciones.
Entre ellas destacan:
1. Información accesible en formatos de lectura fácil
2. Atención a las familias que tienen ingresos reducidos por atender a sus familiares con tal discapacidad.
3. Repensar la educación en línea.
4. Mejorar la atención en los servicios de salud.
5. Trabajo del gobierno junto con organizaciones para elaborar programas y desarrollar acciones que protejan los derechos de las personas con discapacidad intelectual.
6. Evitar que la carga del cuidado sea hacia las mujeres.
7. Crear programas de capacitación laboral y revisar que los espacios de trabajo se ajusten para estas personas.
8. Permitir que las personas con discapacidad intelectual sean las primeras en vacunarse contra la COVID-19, así como las personas que les cuidan.
9. Capacitar a las personas de los servicios de salud con respecto a estas discapacidades.
Para más detalles puedes consultar aquí el informe.