El Registro Nacional de Cáncer es una herramienta de información de gran utilidad para la población. Nos permite conocer el impacto de este padecimiento entre los mexicanos, pero además facilita la adecuada planeación gubernamental para combatirlo de manera eficaz.
Frente al grave problema de desabasto de medicamento que se ha presentado en los últimos años, diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Fundación Infancia Saludable México, formada por una red de madres, padres y familiares de menores de edad con cáncer, han venido presionando a las autoridades de la Secretaría de Salud Federal, para que se ejerzan los mecanismos de coordinación necesarios, a fin de contar con este instrumento estratégico lo antes posible.
Y es que resulta muy complicado estructurar una dinámica institucional asertiva para el tratamiento de esta enfermedad a nivel nacional, si no se conoce con certeza cuántos pacientes hay, en dónde están, qué edad tienen, qué tipo de cáncer presentan, qué estudios requieren y qué medicamentos ocupan.
Se puede decir entonces, que la actual política de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer en México, está diseñada a “palos de ciego”.
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Si se contara con un Registro Nacional de Cáncer, sería posible dimensionar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos que se necesitan, para ofrecer acceso a los pacientes a una atención integral de calidad y hacer valer su derecho a la salud, como lo mandata nuestra Constitución en su artículo 4to.
Cabe resaltar que por leyes e instrumentos normativos no paramos; el asunto es más bien de recursos económicos y de voluntades políticas.
En mayo de 2017 el Senado de la República aprobó la creación del Registro Nacional de Cáncer. Posteriormente se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF): en julio de 2018 el Reglamento del Registro Nacional de Cáncer; en noviembre del 2020 el Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de Cancerología; y en enero del 2021 la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia.
En este marco legal e institucional, quedan establecidas las directrices y dimensiones que dan soporte y cuerpo al Registro Nacional de Cáncer.
Por si fuera poco, durante la reunión que se sostuvo el pasado 27 de agosto entre el Secretario de Salud, Dr. Jorge Alcocer Varela, y las organizaciones sociales, se acordó que desde el Gobierno Federal se daría continuidad al Registro, de manera especial a través de la Cámara de Diputados, toda vez que se requiere una partida del Presupuesto de Egresos, que disponga de recursos financieros para este propósito.
Es decir, se cuenta con un marco legal sólido y consistente, con el compromiso del Gobierno de México, así como con el apoyo de la sociedad civil. Sin embargo, nada de esto es suficiente si no se tiene acceso a recursos financieros que nos ayuden a materializar y a hacer efectiva la ley.
En otras palabras, es necesario que la Secretaría de Salud cuente con el financiamiento para que, a través de la Dirección General de Epidemiología, la Dirección General de Información en Salud y el Instituto Nacional de Cancerología, sea posible la creación real de este instrumento estratégico para la toma de decisiones.
Aunque existen estadísticas disponibles, hace más de 20 años que no se realiza un esfuerzo para actualizar los datos. Sabemos que el cáncer es una epidemia relacionada a factores genéticos, hereditarios; pero también es una enfermedad asociada al estilo de vida.
Con herramientas como esta, es posible evitar políticas sanitarias realizadas “a ojo de buen cubero” y avanzar en una dinámica pública en donde lo importante, sea el bienestar y la salud de las personas.
Esperemos que las autoridades ejecutivas y legislativas se lo tomen en serio esta vez, y que no quede solo en papel o en una declaración que se la lleva el viento.
Alejandro Vázquez
Consultor en Asuntos Públicos y Comunicación
Egresado de la UNAM
Twitter: @alexo_00
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