La prevención de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) se ha convertido en una agenda pública que ha cobrado relevancia en México en los últimos 10 años, debido al impulso, sobre todo, de un grupo de organizaciones de la sociedad civil, lideradas por Salud Justa, Aliento y El Poder del Consumidor.
A través de consorcios como la Coalición México Salud-Hable y la Alianza por la Salud Alimentaria, más de 50 organizaciones le declararon la guerra a las industrias del tabaco, de alimentos y bebidas procesadas, y más recientemente, a la del alcohol.
Guiados por instrumentos de política pública globales, provenientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como son: el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT); las Estrategias Mundiales sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud; y para Reducir el Uso Nocivo del Alcohol; estas asociaciones adaptaron e implementaron en México, una serie de acciones encaminadas a regular la actividad de la “Big Tobacco”, “Big Food” y ahora, la “Big Alcohol”.
Y es que las estimaciones de muertes asociadas a padecimientos relacionados con el sobrepeso y la obesidad en México, ascienden a 260 mil cada año; otros 63 mil decesos se vinculan al consumo de cigarros; y alrededor de 50 mil se atribuyen a la ingesta desmedida de alcohol (ENSANUT 2020).
Desde la perspectiva de la sociedad civil, son alrededor de 373 mil muertes cada año, que se pueden evitar a través de la promoción de políticas regulatorias restrictivas y de campañas de información, que ayuden a persuadir a la población sobre los efectos nocivos relacionados al consumo de estos productos.
Entre 2008 y 2022 se han impulsado más de 100 iniciativas de ley con el propósito de acotar la presencia y la actividad de la industria tabacalera en México.
Desde entonces se restringió, por ley, el consumo de cigarros en espacios públicos cerrados y en algunos ambientes abiertos de concentración de personas como parques, patios de escuelas y universidades; se implementaron etiquetas de advertencia sanitaria en el empaque de los productos; se eliminó todo tipo de promoción, publicidad y patrocinio; se aplicaron impuestos especiales (IEPS) para incrementar el precio de los productos y, más recientemente, se prohibió la comercialización de vapeadores o cigarros electrónicos.
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En estos años la industria del tabaco no solo se vió limitada y acorralada en materia regulatoria y legislativa; también perdió mucha reputación y licencia social, incluso entre sus consumidores. Fumar ya no es más un símbolo de libertad, ya no es bien visto; ahora las personas se sienten avergonzadas porque no han logrado “dejar ese vicio”, que saben, es nocivo para su salud.
Andado el camino regulatorio contra el tabaco, en 2011 las organizaciones enfilaron acciones contra un oponente más grande: la industria de los alimentos y bebidas con alto contenido calórico.
Desde entonces a la fecha, la “industria de la comida chatarra” se vió obligada a implementar cambios en sus recetas, a fin de disminuir el contenido calórico en sus productos; modificó sus presentaciones, para ofrecer porciones más pequeñas y en menor cantidad, en sus empaques regulares; tuvieron que agregar etiquetados nutrimentales y sellos de advertencia para exhibir exceso de calorías, de sodio, azúcares, y otros contenidos nocivos para la salud; y también enfrentaron medidas impositivas en sus precios (IEPS), para hacer sus productos más caros y menos accesibles a la población.
Asimismo, los “productos chatarra” ahora también enfrentan limitaciones para sus estrategias de mercadotecnia, publicidad y patrocinio. Ya no pueden anunciarse con libertad, como antes lo hacían. Un síntoma claro de esto último, fue la salida del aire del reconocido programa En Familia con Chavelo, que tuvo que despedirse del público a falta de patrocinios.
El 6 de septiembre pasado, la sociedad civil presentó en el Senado de la República la campaña de comunicación e incidencia legislativa: “¡Regulemos ya, que el alcohol no te consuma!”.
Es el banderazo de salida contra una industria poderosa, pero dividida, que probablemente resulte en más impuestos; restricciones en su comercialización; limitantes para sus estrategias de mercadotecnia, publicidad y patrocinios; y duros golpes a su reputación y licencia social. Las ONGs ya se saben el caminito.
Véase:
- XVII reporte de la sociedad civil sobre políticas para el control del tabaco; México 2022.
- Plan de incidencia para la prevención, detección, control y disuasión del consumo del alcohol: una propuesta para México; México 2022.
- Magnitud del sobrepeso y obesidad en México: un cambio de estrategia para su erradicación (197); Kánter Coronel, Irma; Instituto Belisario Domíngez, Senado de la República; México, 2021.
- www.mexicosaludhable.org
- www.saludjusta.mx
- www.alianzasalud.org.mx
- www.movendi.ngo
Alejandro Vázquez
Consultor en Asuntos Públicos y Comunicación
Egresado de la UNAM
Twitter: @alexo_00
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