Siguen las falsedades con la educación | Realidades con Carlos Aguila Franco

Decir patético para calificar o clasificar los compromisos, promesas que vía declaraciones en cuanto el tema de la educación sigue haciendo Claudia Sheinbaum, es poco, ya que son en un alto grado, por no decir, todas, una falsedad. Y que lo haga en uno de los temas prioritarios para cualquier sociedad y país como lo es la educación, en verdad que preocupa y deja vislumbrar un inseguro futuro para los estudiantes.

LAS UNIVERSIDADES PATITO DE LÓPEZ

El 22 de julio del 2024 nos enteramos de una falsedad más en cuanto a la educación en México respecto a sus Universidades Benito Juárez o del Bienestar, al prometer Sheinbaum crear 300 mil lugares de educación superior. En verdad que hay estar fuera de la realidad como para prometer algo como eso. Dado que afirmar que se abrirán ¡300 mil ¡espacios en universidades con la finalidad de fortalecer el sistema de educación superior, raya en lo incoherente y falso. Sobre todo, que promete cumplirlo abriendo más planteles de la Universidad Benito Juárez y buscando convertir a la Universidad Rosario Castellanos, en una institución a nivel nacional, porque: “Eso es parte de lo que tenemos que hacer, el fortalecer nuestro Sistema Educativo y fortalecer también la Educación Media Superior y la Educación Superior”, señaló.

Posteriormente el 27 de julio del 2024, las falsedades continúan al afirmar durante la Evaluación de las Universidades para el Bienestar «Benito Juárez», a la que acompañó a López en el plantel ubicado en Tlaltizapán de Zapata, Morelos: «Vamos a fortalecer las Universidades para el Bienestar ‘Benito Juárez’, y a seguir fortaleciendo y ampliando el derecho a la educación del pueblo de México: educación gratuita, humanista, científica que es la esencia también de la Transformación».

PROMETER NO EMPOBRECE, DAR ES LO QUE ANIQUILA

Lo patético de las promesas de Sheinbaum, quien parece que no conoce la cruda realidad de estas Universidades creadas por López y dejadas en manos de su gran amiga e incondicional, Raquel Sosa como directora general, han sido un total fracaso.

En ese tenor el 27 de julio del 2024, EMEQUIS publica: “Universidades para el Bienestar, bajo un manto de opacidad”, en donde nos informa que mientras Sheinbaum anda prometiendo crear más Universidades del Bienestar, de 436 solicitudes de información que ha recibido esa Universidad desde 2021, mediante la Ley de Transparencia, únicamente 38 fueron atendidas oportunamente, por lo que el porcentaje de solicitudes de información atendidas en tiempo respecto del total de atendidas es de 16.9 por ciento. Y que, a casi cinco años de haberse creado, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) han alcanzado el primer lugar en México, pero no en su calidad de educación, sino en opacidad y falta de transparencia, pues se han negado a informar incluso sobre el número de alumnos inscritos por sede, egresados y titulados.

Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, fundadas por López, se crearon para terminar con la falta de espacios educativos para los jóvenes. Y la UBBJG beca a todos sus alumnos con 5 mil 150 pesos bimestrales.

De las 89 solicitudes que le realizaron en 2023, el Organismo Coordinador de las UBBJG, que dirige Raquel Sosa, y que tiene sede en Pátzcuaro, Michoacán, no ha respondido ninguna. Entre las respuestas que no ha entregado se encuentra la 332477723000031 sobre el número de egresados y que han recibido su título. La dependencia simplemente dejó pasar el plazo límite. Y las cifras y datos que se ofrecen públicamente nunca coinciden ni son congruentes, han sido divulgadas por Sosa con amplias variaciones. El 6 de agosto de 2022, en Manzanillo, Colima, Raquel Sosa presumió 64 mil estudiantes inscritos en 145 sedes y 600 egresados que esperaban a que López les firmara sus títulos. El 7 de noviembre siguiente, en la conferencia de López, Raquel Sosa informó que había 45 mil 581 estudiantes en las mismas 145 sedes, aunque algunas sin edificios. Días después, el 11 de noviembre, Sosa afirmó en San Quintín, Baja California, que tenían 60 mil estudiantes en 201 sedes y mil 600 títulos entregados. En su página oficial, el Organismo Coordinador que incorporó a las 19 escuelas fundadas por Morena y que ha recibido 5 mil 94 millones de pesos, informa sólo de 203 sedes abiertas.

El 27 de julio del 2024, López, acudió al municipio de Tlaltizapán de Zapata, en Morelos, acompañado de Sheinbaum para supervisar las Universidades, en el acto, Raquel Sosa dio nuevas cifras: que hay 34 mil 83 estudiantes en carreras del área de la salud, 4 mil 4 en ingenierías y 9 mil 59 en licenciaturas enfocadas al patrimonio histórico y cultural. Un total de 47 mil 146 alumnos, a diferencia de los 64 mil estudiantes de 2022.

Entre las solicitudes sin respuesta en la Plataforma Nacional de Transparencia están requerimientos del Contrato de Trabajo de los profesores, el padrón de beneficiarios de becas, el índice de deserción escolar, el número de estudiantes y un alumno de la sede en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. El 20 de abril de 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 75/2022 contra el Organismo Coordinador de esas Universidades debido a la falta de entrega de los títulos. En el gobierno de la Cuarta Transformación prevalecen las contradicciones, ya que las Universidades para el Bienestar son una entidad opaca.

LAS DEMANDAS EN CONTRA DE LAS UNIVERSIDADES B.J.

Y como colofón no podemos dejar de lado dentro de todas las anomalías que han presentado, las demandas de trabajadores, de estas disque “Universidades”. El 12 de febrero del 2024, los angelespress.org. difundió “Universidad del Bienestar, en la línea del fraude y la simulación”, señalando que maestros y asistentes académicos de diversas sedes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez han alzado su voz contra presuntas violaciones laborales perpetradas por la dirección general encabezada por Raquel de la Luz Sosa Elízaga, así como por la dirección académica de estas instituciones, desde 2021 hasta la fecha. Las experiencias de estudiantes y docentes han sido conflictivas en las universidades del Bienestar, llegando incluso a tomar medidas legales para defenderse del fraude institucional, el abuso de autoridad de la directora Sosa Elízaga y de sus violaciones a los derechos laborales de los trabajadores.

Los docentes eran escogidos mediante un proceso de selección basado en su formación y su trayectoria profesional. No obstante, apenas cinco meses después del anuncio de AMLO sobre las 140 sedes, en julio de 2021, alrededor de 60 docentes y asistentes académicos fueron despedidos de forma repentina e injustificada, sin recibir ningún aviso previo. Para mayo de 2022, los despidos ascendían a 200 docentes en las sedes de Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Estas irregularidades, abanderadas por Raquel Sosa, se contraponen con lo estipulado en el decreto presidencial por el que se creó el organismo público descentralizado, estipulado en el Artículo 13, y también publicado en el Diario Oficial de la Federación. Fueron expuestas en noviembre de 2022 en una de las conferencias matutinas de López, pero su reacción fue defender a la directora y solapar los conflictos en la universidad. 

NO OTORGAN TÍTULOS NI CÉDULAS PROFESIONALES

Los estudiantes activos de estas universidades enfrentan también incertidumbre respecto a la validez de sus estudios. A pesar de esto, algunos continúan su formación motivados por la beca otorgada, mientras que otros han optado por abandonar sus estudios. En entrevista para Los Ángeles Press, una de las docentes de la que nos reservamos su identidad por obvias razones, señaló que: «A ninguno de los estudiantes les han expedido los títulos ni las cédulas y se han visto obligados a ampararse para que les den los títulos y les expidan las cédulas». Precisó que los amparos los ha perdido la instancia educativa y sin embargo aun así no ha otorgado los documentos oficiales a los alumnos.

Ante la presión mediática, la Universidad del Bienestar llegó a otorgar títulos, pero después se dieron cuenta los alumnos de que no tenían validez oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública, y pese a que desde 2018 era obligatoria la expedición digital de títulos, tampoco cumplía la institución con este requerimiento.

La primera generación de egresados de la carrera de Medicina en la sede Tlalpan, Ciudad de México, de la UBBJ, se encuentra en un limbo burocrático al no haber recibido aún sus títulos profesionales después de un año de espera. La situación se agrava al constatar que las autoridades de la institución ni siquiera responden a sus solicitudes. 

En medio de estas controversias, se ha anunciado la donación de un inmueble por parte del Comité de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México a la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, que será utilizado para establecer una Escuela de Derecho. Claudia Sheinbaum, siendo jefa de Gobierno, detalló que en la administración anterior se planeaba construir un edificio que habría implicado la práctica desaparición de la obra arquitectónica de un icónico monumento de la ciudad, mediante una asociación público-privada con un costo estimado de 4 mil millones de pesos. Pese a que en una conferencia matutina de 2022 se reportó que el proyecto iba muy avanzado, hasta la fecha no se ha construido nada.

El 14 de julio del 2024, LJA.MX difundió: “Universidades del Bienestar, un conflicto laboral como herencia para Sheinbaum”, destacando que a más de dos años y medio después de sufrir lo que consideran como un despido injustificado, 39 docentes despedidos siguen en espera de que tribunales colegiados de Circuito resuelvan sus juicios de amparo directo y obliguen a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 11 a reconocerlos como trabajadores del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez (OCUBBJ), un ente dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) encabezado por Raquel Sosa Elizaga, incondicional de López Obrador. 

El OCUBBJ, por su parte, se niega a reconocer la relación laboral con ellos, ya que considera a los docentes de sus universidades como beneficiarios de programas sociales y los paga con partidas de “subsidios”, lo que les priva de cualquier derecho y prestación laboral. En 2023 el organismo ejerció mil 489 millones de pesos, de los cuales mil 472 millones de pesos, 98.8%, se reportó como “subsidios”. La mayor parte de estos “subsidios” sirvió para pagar a la plantilla docente, a la que el equipo de Raquel Sosa se refiere como “voluntarios participantes en el programa bajo el concepto de servicios educativos”. 

En el conflicto laboral la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) trató de intermediar en el conflicto, pero finalmente se inclinó en favor de Sosa, y en detrimento de los docentes, lo que escaló la batalla judicial. En meses recientes, integrantes del OCUBBJ ofrecieron de 300 mil hasta 600 mil pesos a algunos de los quejosos para que se desistan de las demandas, pero finalmente retiraron su oferta. 

Además de las contingencias laborales, el OCUBBJ enfrenta problemas de opacidad en su gestión. Cuando revisó las cuentas de la institución para el año 2023, la firma de auditoría Mazars se negó a entregar una opinión, pues observó una serie de “limitaciones en los registros contables”, agravadas por la reticencia del equipo de Raquel Sosa a la transparencia. Así, cuando los auditores quisieron revisar una muestra de los recursos erogados en subsidios, la información “fue entregada parcialmente o no fue entregada”, reportaron. “Por esta razón no estuvimos en posibilidad de determinar si hubiese sido necesario realizar ajustes a dicho resultado”, planteó el despacho en un informe de auditoría externa del organismo, publicado en mayo último. En ese documento, Mazars destacó también la existencia de “debilidades en el sistema de control interno” y de “debilidades significativas en los procesos de generación e integración de información contable, financiera y presupuestal, por lo que no es posible confiar en dicho sistema”. 

En julio 2020 el programa fue revisado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que le encontró una serie de debilidades, tanto en el diagnóstico como en la implementación. Sosa se molestó contra la institución, y le envió una carta donde denunció “la rigidez de los parámetros impuestos” y la “imposición de diseños, mediciones de desempeño y evaluación de resultados llevada a cabo por organismos internacionales en gobiernos anteriores”. En 2021 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) elaboró a su vez una auditoría al desempeño del programa, en la cual señaló que el OCUBJJ había gastado cerca de 828 millones en subsidios para la construcción de 100 planteles, pese a que ocho de cada diez proyectos no reunían los requisitos de elegibilidad; también señaló que el programa no identificaba con precisión a su población potencial, y determinó que no focalizó la instalación de las universidades en las comunidades que definió como población potencial.

Con esta cruda y patética realidad Sheinbaum promete fortalecer a esas universidades del Bienestar y peor aún crear más, lo que llevará a seguir o tirando el dinero en ellas, o que se esté yendo a los bolsillos de alguien. Y para finalizar pregunto ¿alguien se aventurará a contratar a estos egresados? ¿Cuál será su futuro laboral? ¿Seguirá el engaño?

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