Una de las promesas más aclamadas de Andrés Manuel López Obrador es la de quitarle a los ricos para darle a los pobres. A través de la reestructuración de secretarías, bajar los salarios de los altos funcionarios a la mitad y reducir ciertos puestos de confianza a un 70 por ciento.
El gobierno del presidente saliente Enrique Peña Nieto no pudo controlar los altos índices de corrupción, el caso de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, el abuso de algunos funcionarios, la «casa blanca» en las Lomas de Chapultepec, la violencia del narcotráfico, la impunidad, las preferencias personales; y un contexto que muchos consideramos los peores de todos los males: la pobreza y la falta de oportunidades.
Sin embargo, hablando con seriedad, no debemos confundir la gimnasia con la magnesia como sugieren algunos expertos. Trabajar en gobierno no es sencillo, gobernar es una tarea bastante compleja, no es fácil como se piensa.
El nuevo contexto del gobierno de AMLO, exige que los asuntos públicos sean manejados con eficiencia, eficacia y transparencia. Resolver a diario los problemas sociales, económicos, políticos, jurídicos, culturales, requiere de un alto nivel académico y profesional, experiencia en el sector, capacitación, profesionalización, calidad humana, pasión, vocación, actitud y humildad; siendo considerados elementos indispensables que caracterizan a los buenos gobiernos.
De las reformas impulsadas en el Congreso de la Unión, se presenta la reducción del gasto a través de la eliminación de secretarías de estado, subsecretarías y delegaciones del gobierno federal, fusionar áreas, eliminar direcciones y otros organismos costosos son prioridades del nuevo gobierno.
Según datos de la Secretaría de la Función Pública, las dependencias que cuentan con mayor número de plazas son: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con mil 636; seguido de la Presidencia de la República con 97 cargos de primer nivel; Gobernación con 411; Relaciones Exteriores con 399; Procuraduría General de la República con 367; Medio Ambiente con 334 y Comunicaciones y Transporte con 282, lo que representa un gasto bruto de 863 millones 570 mil 735 pesos mensuales y 10 mil 362 millones 848 mil pesos al año.
Además de lo anterior se eliminará 70 por ciento de las 278 mil 293 plazas consideradas de confianza en todos los niveles de la administración pública federal. Con esto, AMLO lograría ajustar 6,113 plazas de la alta burocracia federal y 246 mil 870 de la media, funcionarios que perciben salarios que van de los 93 mil a los 211 mil pesos mensuales.
En el gobierno federal, solo 25 mil 310 plazas están inscritas en el Servicio Civil de Carrera en puestos que van de enlaces hasta direcciones generales, cuentan con una protección legal que haría complicado su despido.
Los sindicatos seguirán siendo intocables. Bajo este tenor surgen algunas interrogantes sin respuesta: ¿Quién realizará el trabajo duro, intelectual y del más alto nivel? ¿A caso los sindicatos son los apropiados para que México se convierta en potencia? ¿La moda hoy en día es el esfuerzo mínimo? O en el peor de los escenarios: ¿el gobierno se encuentra obligado a sostener a la población en pobreza y pobreza extrema de manera permanente con una beca o ayuda mensual?
Primero: ¿qué es un trabajador de confianza y segundo, cuáles son sus derechos y obligaciones? De conformidad con el artículo 9o de la Ley Federal del Trabajo, encontramos dos tipos de empleados: los de base y los de confianza. Estos últimos tienen un tratamiento diferente en cuanto a sus tareas, funciones, jornadas, responsabilidades mayores y condiciones laborales. Para muchas personas que aspiran al crecimiento laboral en la administración pública contar con un título profesional es un requisito indispensable.
Aunque la ley es clara, la práctica demuestra que a un trabajador de confianza se le aplica la jornada máxima legal más de la prevista, normalmente mayor a 12 horas de trabajo al día, por la naturaleza de sus actividades no tienen derecho a la indemnización. La labor del empleador de confianza implica la formación especializada de ciertas materias, además de contar con conocimientos multidisciplinarios en gestión, administración, alta dirección y relaciones interpersonales, sin ellos, muchas de las cosas que hoy funcionan no serían posibles.
Los próximos gobernantes tienen una mala percepción de la labor tan importante que realizan los trabajadores de confianza, considerándolos sin capacidad para realizar sus funciones, cuando en la práctica es todo lo contrario. El gobierno abanderado por AMLO debe garantizar a todas las personas: ricas y pobres, de base o de confianza, con o sin estudios, las mismas condiciones, directamente proporcionales a su trabajo, con derecho pleno de contar con las herramientas para ejercer a plenitud el servicio público.
La responsabilidad que deberá asumir el nuevo gobierno es alta, la rotación de personal es una de las principales enfermedades económicas que aqueja a todos los gobiernos. Cuando a un trabajador se le despide, incurrimos en gastos de hasta 12 veces el salario, mientras se cubre la vacante que puede durar hasta 2 o 4 meses y otros 3 a 6 meses más en los que la nueva persona toma para alcanzar experiencia y con ello el desempeño óptimo.
El tiempo y el dinero son factores que jamás se recuperan, capacitar a un candidato y pasar por la curva de aprendizaje representa gastos innecesarios. Es importante hacer énfasis en las condiciones del cargo, pues en múltiples ocasiones el empleador decide no quedarse y nuevamente se debe iniciar.
Eliminar las tareas innecesarias con el fin de generar ahorro en el gobierno es lo correcto, sobre todo si estas plazas fueron creadas para ayudar al “compadre” o fomentar el “amiguismo.» Sin embargo, quien tiene la experiencia de trabajar en gobierno, conoce el valor real del trabajo, el tiempo de respuesta para solucionar un problema social que va desde ayudar a las personas con calidad hasta contar con personal operativo, es una necesidad no un lujo. Fusionar áreas en el gobierno federal, despedir personal capacitado y titulado con el objetivo de generar ahorro, no garantiza un gobierno eficiente.
Los titulares de las secretarias así como sus asesores y personal de campaña tendrán que asumir todas las responsabilidades de las áreas que desaparecen, aunado a presentar resultados máximos a la sociedad. Trabajar con la mitad de su capacidad (personal, económica, presupuestal y material), con enormes desigualdades regionales, en una época donde requiere de resultados, dará mucho de que hablar del próximo gobierno.
Los titulares de dependencias, así como asesores y personal de confianza deben ser expertos para resolver problemas públicos, no se debe improvisar en una tarea tan importante como es el futuro del país; es evidente que los conocimientos de todos los profesionistas sirven y cuentan, sin embargo, en este caso lo que más importa es que tengan experiencia, pericia para resolver los errores cometidos por el gobierno anterior, no es tarea fácil.
Por ello, lo recomendable es que los nuevos titulares, equipo asesor y personal de confianza, cuenten con medios suficientes para solventar los gastos. Es un servicio costoso y de esto se tiene conciencia, justo por los grados de estudios invertidos y válido por la responsabilidad que enfrentan, es preferible otorgar insumos para que todos los funcionarios desarrollen su trabajo con eficiencia, eficacia, calidad, amor y vocación, con personal experto titulado y de confianza, debe ser considerado un derecho no una obligación.
Lo anterior se traduce de la siguiente manera: un salario justo garantiza un trabajo de alta calidad, por el contrario un salario bajo y un mayores responsabilidades da como resultado una baja productividad y con una elevada probabilidad de pagar por los errores.
___
Mtro. Alberto Vega Hernández
@AlbertoVegaHdz
Economista y Abogado de profesión por el IPN y la UNAM.
Profesor de materia en la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Abierta y a Distancia de México.
___
Los comentarios realizados por las plumas invitadas en dlpoder.com reflejan perspectivas y análisis personales. DLpoder es un medio de comunicación democrático en donde todas las perspectivas aportan valor y son respetadas sin discrepancia.