Un grupo de especialistas en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidieron a México que anule urgentemente la prisión preventiva obligatoria, conocida también como “prisión preventiva oficiosa” o “automática”, que está incluida en la Constitución Mexicana.
Este grupo denominado Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ha señalado que “la prisión preventiva oficiosa es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos, como lo ha indicado la jurisprudencia del Grupo de Trabajo en múltiples ocasiones”.
De acuerdo con la presidenta del organismo, Miriam Estrada-Castillo, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, han adoptado conclusiones similares.
La experta señaló que, según el artículo 19 de la Constitución, el ordenamiento jurídico mexicano obliga a los jueces a imponer este tipo de detención a todas las personas acusadas de determinados delitos.
Circunstancia que, en su opinión, condujo a “múltiples violaciones de sus derechos humanos, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley”.
Además, añadió que la prisión preventiva oficiosa también es contraria a la independencia judicial, al deber de fundamentar jurídicamente los motivos de la detención, compromete gravemente el derecho a la integridad personal y la garantía de no ser víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Mexicanos pasan más de 10 años esperando juicio
Según los especialistas, una de las consecuencias de la prisión preventiva obligatoria “ha sido el que muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal”.
El Grupo de Trabajo reiteró que la prisión preventiva oficiosa coloca a México en franca violación de sus obligaciones internacionales de derechos humanos, asumidas con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Los expertos llevan insistiendo a México, desde 2018, en la necesidad de resolver urgentemente este problema estructural y han ofrecido reiteradamente la asistencia técnica necesaria.
Suprema Corte decidirá futuro de prisión preventiva oficiosa
Por su parte, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, declaró que este pleno es el responsable de decidir la validez de la prisión preventiva obligatoria.
El ministro se ha mostrado contra la prisión preventiva oficiosa y plantea que va en contra de la presunción de inocencia y limita la libertad de las personas de forma injustificada.
Por lo que, este lunes se dio a inicio a la discusión en la SCJN sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa.
El día de hoy la #SCJN inicia el debate de uno de los temas más trascendentes para el sistema constitucional y los #DDHH de todas las personas. Lo haremos con independencia y con plena responsabilidad. #PPO
— Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) September 5, 2022