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Moratoria constitucional, una reflexión sobre el Legislativo

Columna de Alexis Javier Esperanza 🖋️

El poder Legislativo es aquel encargado de la administración de las leyes que han de definir a la Constitución, aquel que controla el presupuesto y que, políticamente hablando, debería legislar solo en beneficio de los principios nacionales y no con contrarreformas que dañen el espíritu de la sociedad. Con la llamada Moratoria Constitucional se entiende mejor qué clase de legislativo tenemos y cuál es el papel que debería tener entre el fast track y el “No Pasarán”. 

En política hay dos grandes categorías a las que nos referimos cuando hablamos de “Constitución”: están los documentos de papel que sintetizan las leyes y normas, que, si se aplican, han de formar costumbres y con ello, la ética de los pueblos; y las cartas “metafísicas” que reflejan el alma de las sociedades; entre ellas encontramos las Constituciones rectas (reales, aristocráticas y republicanas) y las desviadas o No Constituciones (tiranías, plutocracias y democracias), así como sus formas mixtas que generan gobiernos o en su defecto, desgobiernos. 

El papel del legislativo es el de administrar, de manera directa o indirecta, ambos tipos de constituciones. Las cartas magnas, puesto que para ello se forman los “constituyentes permanentes” en los que se adhieren, derogan y abrogan distintas disposiciones a los artículos, normas y reglamentos. Y las constituciones “políticas”, dado que estas provienen de la ética, instituciones y principios que vive cada sociedad. Como ya mencioné, la ética es un derivado de las costumbres, que, a su vez, forjan el carácter de los individuos y de las comunidades en que éstos habitan. 

Aristóteles, entre las tantas cosas que nos enseñó, sostenía que no puede haber sociedades sin constituciones, y que no puede haber constituciones sin el justo arreglo de sus tres partes: el ejecutivo (en el caso de México, una Presidencia monárquica), las magistraturas (el legislativo dividido en dos cámaras que forman el Congreso) y el judicial (en nuestro país, el más corrompido de los tres). 

Al ser México una República (a veces sólo en el nombre y no así en la realidad), el deber de los tres poderes es acatar los principios republicanos expresados en una máxima “Dar trato igual a los iguales y desigual a los desiguales”, lo que sencillamente se traduciría en un proyecto de Justicia Social, con redistribución del ingreso y con la seguridad a los ricos privados para invertir y crear empleos. 

Es esta línea sobre la que el legislativo debería actuar, distinguiendo siempre entre la elaboración de reformas: cuando se modifican las leyes fundamentales para el beneficio de la sociedad política, sin deteriorar sus principios básicos; y entre la concepción de contrarreformas que son “lo más opuesto al mejoramiento y a la innovación de la Constitución”. Patricio Marcos.

Las reformas sobre las que delibera, investiga, debate, procesa y aprueba el legislativo, deberían ser de “elaboración artesanal”, pasar por una supervisión de alta calidad y asemejarse a las pruebas científicas entre pares que revisan a profundidad y no autorizan aplicaciones de experimentos en humanos hasta cumplir ciertos requisitos. De la misma forma, un legislador o legisladora, comprometida con La Constitución, debe atender al epígrafe aristotélico: “las leyes deben seguir a las constituciones, no las constituciones a las leyes”.

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La elaboración de una reforma es un proceso tardado y difícil, porque por definición, la reforma es un medio por el cual se mejora e innova el espíritu de la Constitución política, a través de la creación, derogación o abrogación de leyes, normas, reglamentos o de la constitución de papel, que, con la armoniosa colaboración del ejecutivo y judicial, se tornará en el cambio de las costumbres y con ello del carácter de la sociedad. 

En su lugar, lo que obtenemos casi siempre, y aún más en las últimas décadas del Congreso, es una serie de modificaciones votadas en bloque y sin el más mínimo compromiso político, que se venden como “reformas”, pero que no mejoran ni innovan los principios republicanos, sino, por el contrario, los traicionan y corrompen, ya sea con la desmesura de la democracia populista o con la esclavitud plutocrática.

El torpe posicionamiento mediático de la devastada oposición ha obligado a que algunos de sus legisladores más despiertos, diga que no es viable vetar todo lo que mande el ejecutivo, pero que se comprometen a analizar y pensar con cuidado sobre toda propuesta. Que triste que solo en tales condiciones, a nuestro cuerpo deliberativo se le ocurra atender a su misión fundamental.

Para la República espartana de Licurgo, a cualquier legislador que se atreviera a proponer una modificación a la excelente Constitución que tenían, se le ponía de inmediato una soga al cuello (literalmente) y si la cámara determinaba que se trataba de una reforma, se discutía sin mayor problema, pero si concluían que se trataba de una contrarreforma y, por tanto, una corrupción de los principios políticos se colgaba al desafortunado que atentó contra la República. 

Con ese mismo cuidado debería legislar no nada más la oposición, sino el bloque mayoritario, como si tuvieran una soga al cuello cada vez que defienden una iniciativa, o que votan a favor de una contrarreforma, y en contra de la sociedad. 

Aplaudo, pues, la mínima posibilidad de que algunos cuantos mediten con mayor detenimiento, lean y escuchen opiniones con experiencia y razón, porque antes de cualquier lealtad a su bloque, o inclusive a su electorado, le deben lealtad a la Constitución y al bienestar de la sociedad en su conjunto. 


Alexis Javier Esperanza Reyes

Estudiante de Ciencia Política y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Twitter: @JavierEsperanzz


Los comentarios realizados por las plumas invitadas en dlpoder.com reflejan perspectivas y análisis personales. DLpoder es un medio de comunicación democrático en donde todas las perspectivas aportan valor y son respetadas sin discrepancia.

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