Después de que Estados Unidos y Canadá solicitaran consultas sobre las políticas energéticas de México, bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), entidades financieras extranjeras han asegurado que el gobierno federal probablemente se “doblegará” ante la problemática.
En un análisis realizado por el banco estadounidense JP Morgan, se estimó que las conversaciones para resolver las disputas entre países podrían tardar años, lo que sería negativo para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual ha adoptado la austeridad como el lema principal.
Dentro de las reglas del T-MEC, si las quejas no se resuelven en 75 días, Estados Unidos y Canadá podrían solicitar un panel de solución de controversias.
Se espera que las conversaciones de disputa tomen años y le costarían muy caro a México para una administración que ha anunciado la austeridad durante años. Sin embargo, el gobierno mexicano ha sido inflexible en cuanto a que intentará resolver el problema de inmediato antes de que llegue a esto.
De acuerdo con la entidad financiera estadounidense, es poco probable que el resultado sea positivo para México, por lo tanto, podrían presentarse consecuencias como amonestaciones económicas o el riesgo de no renovar el T-MEC.
Ante la negativa de AMLO, JP Morgan considera que es probable que AMLO se doblegará, “ya que simplemente hay demasiado en juego, pero lo preocupante es cuán lejos ya lo ha llevado y cuánto más parece estar dispuesto a llegar”.
Preocupaciones por política energética mexicana
Desde finales de julio de 2022, Estados Unidos declaró tener serias preocupaciones sobre los cambios en la política energética de México, donde se ha beneficiado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con la embajadora Katherine Tai, los cambios de política han afectado los intereses económicos de diversos sectores en Estados Unidos (y posteriormente de Canadá), por lo que “desincentivan la inversión de los proveedores de energía limpia”.
Además, las políticas mexicanas han cortado las inversiones extranjeras en cuanto a la infraestructura de energía limpia “incluidos pasos significativos para revertir las reformas que México realizó anteriormente para cumplir con sus objetivos climáticos”.