Por enésima vez la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación comúnmente conocida como la CNTE, lleva a cabo un paro de actividades y bloqueo, que afecta a miles de personas y genera pérdidas por miles de millones de pesos que tienen repercusión no solamente en el lugar dónde lo llevan a cabo, Michoacán, sino en gran parte del país.
1- PÉRDIDAS MILLONARIAS
Se estima que el bloqueo de la CNTE ha generado pérdidas aproximadas de mil millones de pesos al día. Esto derivado por los bloqueos de las vías férreas en Michoacán, informó la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) a través de su Presidente Francisco Cervantes. “Solamente en demoras, al no mover carros y locomotoras, las empresas ferroviarias reportan más de mil millones de pesos, sin contar los efectos colaterales. Identificamos 8 mil 600 contenedores afectados, más de 5 mil 400 hacia el Puerto de Lázaro Cárdenas y aproximadamente tres mil 200 para el Puerto de Manzanillo, número que va en aumento junto con los trenes detenidos”.
Esto se ha generado desde el pasado 14 de enero, fecha en que iniciaron el bloqueo de las vías. En el mismo tenor lo señaló la vocera de Ferrocarril Mexicano (Ferromex), Lourdes Aranda al informar que 200 trenes han estado detenidos, y esos retrasos han costado alrededor de mil millones de pesos diarios.
Ferromex ha dejado de cargar trenes, lo que afecta la cadena de suministro de industrias. El bloqueo ha inmovilizado mil 750 millones de toneladas de todo tipo de mercancías, materias primas y productos terminados indispensables para la industria y el comercio nacional e internacional.
La Industria Acerera también reportó pérdidas por más de 800 millones de pesos: más de 500 carros de ferrocarril detenidos y al menos 80 mil toneladas de mineral de hierro que no han llegado a su destino.
2- AMLO FIJA SU POSICIÓN
Ante las graves repercusiones que la CNTE ha generado, Amlo en su conferencia del lunes 28 de enero pasado, fijó su posición: “no se reprimirá al movimiento y confió en la resolución del conflicto. Cada quien se va a hacer responsable de sus actos”.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es una organización de maestros que surgió en 1980. Cuenta con aproximadamente 100 mil integrantes y desde sus inicios se ha caracterizado por exigir, a través de marchas, plantones y paros laborales, lo que ellos consideran arbitrariedades a sus derechos constitucionales. La CNTE nació como una contracorriente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y actualmente se oponen a la reforma educativa, planteada por el Ejecutivo federal y aprobada en el Congreso de la Unión.
En el perfil de su sitio web ellos mismos se autocalifican como “una organización de masas conformada por los trabajadores de la educación democráticos del país, independientemente de la burguesía y su estado, del charrismo sindical y de cualquier organismo político, es decir, no es propiedad de nadie más que de los propios trabajadores de la educación”.
Sin embargo, han demostrado todo lo contario, dado que de acuerdo a la información difundida por el diario El Financiero: “el ala disidente radical de la Sección XVIII de la CNTE está detrás del bloqueo a vías del ferrocarril en Michoacán, que en 13 días ha dejado pérdidas económicas millonarias. Integrantes de la propia CNTE explicaron que se trata de miembros de los autodenominados grupos Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND), expulsadas de la misma CNTE en diciembre pasado. Entre sus dirigentes están Sergio Espinal García, Artemio Ortiz Hurtado y Eugenio Rodríguez Cornejo, todos exlíderes de la Sección XVIII de CNTE y afines a Morena.
Los mismos integrantes de la CNTE reconocen que dichas personas han estado presas o bajo investigación de autoridades locales y federales por ilícitos cometidos en su actuar radical en el marco de la lucha magisterial”.
3- La CNTE empieza a conseguir su botín
Además de exigir el pago de cinco mil millones de pesos que afirman les adeudan, quieren que se les entregar plazas a normalistas de cuatro generaciones en el estado de Michoacán, el gobierno federal tendrá que otorgar unos 5 mil puestos de base, lo que significaría un incremento en la nómina de por lo menos 780 millones de pesos al año.
El pasado sábado 26 de enero, Héctor Garza oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, se comprometió con integrantes de la Sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) dominada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a entregar plazas a los normalistas del 2014 al 2018.
El gobierno estatal de Michoacán, se ha declarado con insuficiencia de recursos para saldar los pagos de los docentes estatales, e incluso ha echado mano de adelantos de participaciones federales para saldar la nómina del magisterio. Ante lo cual los representantes de la CNTE anunciaron que el bloqueo de las vías del ferrocarril se mantendrá hasta que se resuelva un pago de adeudos que asciende a 5 mil millones de pesos.
Asimismo, la Secretaría de Gobernación descartó la petición del gobierno de Michoacán de desalojar a los maestros de las vías, pues consideró que primero deben agotarse las opciones del diálogo y la conciliación.
Y si a ello le sumamos lo difundido en mayo del 2017 en el análisis realizado sobre la CNTE, “La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y la disidencia magisterial” realizado por Alán Ruiz Moreno, en el que señala que “la rebelión” en contra de la reforma educativa, en abril de 2013, es conflicto magisterial que se mantendrá en la agenda institucional de riesgos y podría desbordar el proceso electoral de 2018.
“El riesgo es mayor si se considera que la cuenta con el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que en mayo de 2016, en un comunicado de los subcomandantes insurgentes Moisés y Galeano, respaldaron el movimiento magisterial; que Andrés Manuel López Obrador subrayó que Morena (Movimiento Regeneración Nacional) apoya a los maestros; y que el PRD (Partido de la Revolución Democrática) en la Cámara de Diputados acordó elaborar una iniciativa ciudadana para reformar las leyes secundarias de la reforma educativa”.
En su análisis, publicado por el Centro de Estudios Estratégicos, Ruiz Moreno asegura que el conflicto magisterial se desarrolla con la renovada existencia del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en los estados de Guerrero y Oaxaca, la región más marginada del territorio nacional y asentamiento de grupos guerrilleros, bastiones de la CNTE, principal protagonista del conflicto.
Según Ruiz Moreno, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ha registrado casos de “vinculación” de la CNTE con el EPR: el 22 de mayo de 2013 cuando fueron detenidos dos profesores de la Sección 22, Leonel Manzano Sosa y Lauro Atilano Grijalva Villalobos, así como los simpatizantes de la Coordinadora Mario Olivera Osorio (quien obtuvo su libertad el 21 de abril de 2017), Sara Altamirano Ramos y Damián Gallardo Martínez, acusados del secuestro de familiares del empresario Juan José Álvarez Candiani. Agrega que al momento de su detención se les aseguraron 748 mil pesos, así como propaganda del EPR y fueron “plenamente identificados” por las víctimas, según las conclusiones de la investigación que realizó la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (SEIDO), la cual “determinó que la banda de secuestradores estaba vinculada al Ejército Popular Revolucionario”.
Asegura asimismo que, en 2016, mediante trabajo de inteligencia del Cisen a través del seguimiento de 60 líderes de la sección 22 de la CNTE, se vinculó al EPR a los profesores José María Cruz Celaya, secretario de Orientación Política e Ideológica; Octavio Herrera Camilo, secretario de Actas y Acuerdos; Víctor Manuel Agustín Reyes, coordinador de la región de la Mixteca y Jorge Guzmán Ibarra, ex delegado sindical en el sector Puerto Escondido. También el profesor Othón Nazariega Segura fue identificado como jefe de seguridad de la sección 22 de la CNTE e integrante de Los Pozoleros o Bloque Negro, considerado como el ala más radical de la Coordinadora, y a quien se le relaciona con la quema de material electoral; Efraín Picazo Pérez, a quien se le vincula con la participación de la toma y bloqueo de gasolineras, casetas de peaje y edificios del INE, así como el cobro a comerciantes ambulantes.
Otro dato, dice Ruiz Moreno, es el testimonio de Jefte Méndez Hernández, líder zapoteca del Partido Nueva Alianza (Panal) en Oaxaca, quien dijo que desde 2006 se hizo visible la alianza CNTE-EPR, luego de una serie de plagios y asesinatos en Oaxaca. Aseguró que el presunto “secuestrador” Rafael Rodríguez Vicente, exlíder del Frente Amplio de Comunidades Marginadas de Oaxaca y del Frente Único de Lucha, fue liberado en 1998 por negociaciones de la CNTE. Ruiz Moreno dice que la radicalización de la CNTE y “sus vínculos con el EPR” la hacen partícipe en la Agenda Institucional de Riesgos del Cisen desde 2003, “por lo que esta organización debe ser considerada como un riesgo a la seguridad nacional”.
Este conflicto que tiene parado no solamente al estado de Michoacán, sino a otros estados y que está generando pérdidas millonarias se veía venir desde noviembre del 2018, cuando la Sección 18 de la CNTE aseguró que el gobierno del estado, presidido por Silvano Aureoles Conejo, adeudaba al gremio magisterial 10 mil millones de pesos que debería cubrir a pesar de su determinación de federalizar los servicios de educación básica. A dicha cantidad se le suman 2 mil millones de pesos que se requieren para cumplir los pagos de salarios, bonos y aguinaldos de diciembre, lo que da un total de 10 mil millones de pesos que la administración de Aureoles Conejo tendrá que liquidar, pese a que el lunes pasado notificó a la Federación su determinación de finalizar el Convenio de Descentralización de la Educación Básica, signado en 1992.
Las grandes dudas surgen: ¿Quién debe pagar, el gobierno del estado de Michoacán o el Gobierno Federal? ¿Por qué existe ese adeudo? ¿Se entregó el presupuesto y lo malversaron? ¿Quién pagará los miles de millones de pérdidas que ocasionan? ¿Debe intervenir Amlo en bien del país? O, ¿seguirá protegiendo y apoyando a la CNTE, que ha sido por muchos años su aliado y brazo violento en varios estados, incluyendo la capital del país? ¿No le importan a Amlo los alumnos que están sin clases? ¿Usted qué piensa estimado lector?
Carlos Aguila Franco
Periodista y analista político desde 1984, egresado de la UNAM. Experto en comunicación social y campañas políticas. Ha colaborado con medios y diarios como el Diario de los Ángeles (EEUU), ABC Radio, Ruiz-Healy Times, entre otros. Funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Conasupo, Segob, PGJDF, DDF, Gobierno del Estado de Sonora, Municipio de Tlalnepantla. Exsecretario técnico de la Comisión de Asuntos Electorales en la LVII Legislatura del Estado de México (2009 a 2012). Autor de los libros: “La realidad de los partidos políticos” (1995), “La ciudad que entró en caos” (1998), “La ciudad de México en caos y desesperanza ¿Un mentiroso a la presidencia?” (2006), “Diez años de caos y corrupción en la CDMX (2008).”
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