Sin lugar a dudas cada que se llevan a cabo elecciones para presidente de la república en México, al resultar el candidato ganador, surgen las expectativas de que hará de todo aquello que prometió y a lo que se comprometió. Es muy cierto que mucho de lo que se dice en campaña es difícil cumplir o realizarlo al cien por ciento. Pero también hemos encontrado casos de quienes pareciera que sus decisiones están basadas en caprichos y ocurrencias, que más que beneficiar a la población, obviamente tiende más a perjudicarla.
En esa línea está el anuncio hecho por López Obrador respecto a su tan mencionada descentralización de dependencias federales, con la idea de que no deben estar concentradas en la Ciudad de México. Siempre argumentando su tan famosa “austeridad” y acabar con la corrupción. Pero si lo analizamos brincan muchas cosas que no cuadran o al menos no han especificado y dejado muy claro como lo harán, al contrario, generan enormes dudas y temores de sus tan anunciados beneficios al llevarlo a cabo.
Si bien al estar todo aquí se veía como un centralismo, también es cierto que dispersas por todo el país las dependencias, podría ser más complicado su funcionamiento y generar más problemas que beneficios.
Recuerdo que hace ya algunos años que se iniciaba a comentar al respecto, se mencionaba como ejemplo el por qué, quizás en broma o en serio, debería estar la Secretaría de Marina en la Ciudad de México si aquí no había mar. Pero resulta que, con esta propuesta de descentralización, la Secretaría de Marina será de las que se queden en esta nuestra querida y hoy llamada Ciudad de México, ya no Distrito Federal.
Un primer punto que considero puede ser problemático es el caso de lo que se especifica acerca que los estados son libres y soberanos. Y me surge la duda de que si al enviar el Presidente de la República “autoritariamente” una dependencia federal a cualquier estado, esto le pueda generar al gobernador en turno y al alcalde en el municipio que decidan que se instale, diversos problemas, que van desde si existe la infraestructura para recibir a esa dependencia y a sus trabajadores.
Sin olvidarnos tampoco de lo que constitucionalmente se señala respecto a los estados y al municipio libre. Y lo que pensarán quienes viven en esas ciudades al llegar muchas más personas, y que obviamente ni les pidieron su opinión y mucho menos los tomaron en cuenta y que al final son quienes les tocará vivir y enfrentar todos los problemas que ello ocasione.
Esto puede ir desde viviendas, escuelas, hospitales, seguridad, más consumo de agua, energía eléctrica, transporte, que se requerirían para quienes por la descentralización tuvieran que mudarse de la Ciudad de México a otra ciudad al interior del país. Y por cierto, solamente han anunciado a que estados se cambiaran, pero no han especificado a qué ciudades.
De igual manera, no podemos dejar de analizar las consecuencias que esta descentralización generará en los trabajadores de las mismas y con sus respectivas familias. Quizás parezca sencillo y como “pecata minuta” para quienes idearon este proyecto, pero para quienes les tocará enfrentarlo no creo que sea un tema menor.
Y me refiero a tener que abandonar la Ciudad de México para irse por ejemplo a Sonora, surgiendo las dudas de qué pasará con su familia. Si por citar un ejemplo el papá trabaja en Pemex que se cambiará a Campeche y la mamá en la Secretaría de Agricultura que se irá a Sonora. Asimismo, si los hijos están en la escuela, también tendrán que dejarla. O quizás si el esposo trabaja en dependencia federal y la esposa en iniciativa privada. Los hijos en edad de estar cursando una carrera universitaria.
La consecuencia será ¿dividir a la familia? El papá en una ciudad, la mamá en otra o quedarse en la Ciudad de México al igual que los hijos por cuestiones de escuela. O en el peor de los casos, si no aceptan los trabajadores mudarse al interior de la república, lo liquidarán y se sumará al enorme ejército de desempleados.
En este tenor de las liquidaciones, ya se tendrá contemplado por quienes tomaron esta decisión ¿cuántos aproximadamente no aceptarán?, ¿cuántos millones se requerirán para sus liquidaciones?
Y ya que entramos al tema de recursos, si se descentralizan las dependencias federales, cuánto le costará al gobierno federal ese cambio, que va desde conseguir edificios en donde laborará el personal. Amén de encontrar los idóneos para que las dependencias sigan funcionando al cien por ciento. ¿Los rentarán?, ¿los comprarán?, las adecuaciones ¿cuánto costarán?, les pagarán a todos y cada uno de los trabajadores que acepten cambiarse la mudanza. Todo ello generará gastos y muy altos.
Hay gastos que ni siquiera se contemplan, pero que en la realidad suman a la cuenta. Habrá que pensar que los diferentes climas en los estados generarán gastos enormes como en los del norte del país y en el sureste, por las altas temperaturas y la necesidad de aire acondicionado que gasta mucha energía eléctrica y los altos costos de la misma. Por otra parte, también surge la duda: ¿Qué harán con los edificios e instalaciones que existen en la Ciudad de México de estas dependencias?
Finalmente, otro problema grave, sería cómo harán para cubrir todas las vacantes de aquellos que no acepten mudarse de la Ciudad de México. Pensarán contratar otros en la CDMX o creerán que en las ciudades a donde se vayan las dependencias los encontrarán. Sobre todo en áreas de personal especializado y con experiencia.
Inquieta cómo en muchas otras cosas que prometió y se comprometió López Obrador, tampoco en esta descentralización de dependencias, den a conocer el cómo y cuándo lo realizarán.
Espero que todo lo antes mencionado lo hayan tomado en cuenta y no al momento de que se presente la realidad de los problemas de la descentralización, no se les convierta en un tsunami difícil de controlar. Y que esta propuesta no termine siendo un capricho u ocurrencia más de las que acostumbran hacer los políticos.
Las dependencias que no saldrán de la Ciudad de México son: Relaciones Exteriores, Marina, Defensa, Gobernación, Hacienda y Seguridad Pública. Las restantes, se descentralizarán a los estados siguientes:
Secretaría de Educación Pública (SEP) a Puebla. Secretaría de Energía (Sener) a Tabasco. Secretaría de Cultura (Sectur) a Tlaxcala. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a Oaxaca. Secretaría de Turismo (Sectur) a Quintana Roo. Secretaría de Medio Ambiente a Yucatán. Secretaría de la Función Pública (SFP) a Querétaro. Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a San Luis Potosí. Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STYPS) a Guanajuato. Secretaría de Economía (SE) a Nuevo León. Secretaría de Agricultura a Sonora.
Petróleos Mexicanos (Pemex) a Campeche. Comisión Federal de Electricidad (CFE) a Chiapas. Secretaría de Salud a Guerrero. Comisión Nacional del Agua (Conagua) a Veracruz. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) a Morelos. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) al Estado de México. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a Michoacán. Comisión Nacional del Deporte (Conade) a Aguascalientes. Diconsa a Zacatecas. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a Colima. Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a Nayarit. Comisión Nacional de Acuacultura y el Instituto Nacional de Pesca, a Sinaloa. Comisión Forestal a Durango. Nacional Fiinanciera (Nafinsa) a Coahuila. Aduanas a Tamaulipas. Minería a Chihuahua. Ganadería a Jalisco. Instituto Nacional de Migración (INM) a Baja California. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a Baja California Sur.
No a todos les ha parecido viable o claro qué vaya a resultar esta descentralización, como es el caso de los vicepresidentes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Marco Antonio García Ayala, dirigente del sindicato de la Secretaría de Salud, y Luis Miguel Victoria Ranfla, líder del sindicato del ISSSTE. Quienes coincidieron en señalar que el proceso anunciado de descentralización de las secretarías de Estado debe analizarse a profundidad con el equipo del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, una vez que reciba su constancia de mayoría. Puesto que “no es de la noche a la mañana,” ni algo que se pueda dar por decreto o con un oficio, sino que tiene que ser a mediano y largo plazo.
Marco Antonio García Ayala subrayó que: “es un tema muy amplio, complejo y el caso de la Secretaría de Salud es sui géneris, porque tiene oficinas administrativas en las que laboran unos 9 mil 500 trabajadores y respecto a los que están en la red hospitalaria, tajantemente se lo digo: a ellos sí sería imposible descentralizarlos.”
Luis Miguel Victoria Ranfla precisó que “partiendo de que no tenemos más información de la que ha salido en los medios de comunicación, como el que no se tocará a los trabajadores de base, en primer lugar, no nos oponemos a la descentralización como tal, si beneficia a la mayoría de los mexicanos y, dos, para que se pueda dar tienen que existir las condiciones necesarias para los trabajadores y, por supuesto, en materia de instalaciones.” Precisó que si en la Ciudad de México no ha sido posible agrupar a todas las direcciones centrales en un solo edificio, difícilmente se podrá conseguir eso en otra entidad para que sea un beneficio operativo.
En coincidencia, García Ayala afirmó que si no ha sido fácil mudar al personal de un edificio en Paseo de la Reforma afectado por el sismo del pasado 19 de septiembre, será complicado hacerlo con toda una estructura. Resaltando que ante todo está la normatividad que protege la inamovilidad de los trabajadores de base sujetos a la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, en la que se establece la garantía de inamovilidad, por lo que no pueden ser removidos a otro lugar.
Luis Miguel Victoria Ranfla, dirigente del sindicato del ISSSTE, coincidió en que no se deben afectar los ingresos y derechos de los trabajadores al servicio del Estado, por lo que destacó la importancia de iniciar un diálogo razonado y sustentado para llegar a acuerdos respecto a la situación de los 85 mil agremiados que tiene esa organización, de los cuales 45% laboran en la CDMX y el Área Metropolitana.
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Carlos Aguila Franco
@CarlosAguilaFra
Periodista y analista político desde 1984, egresado de la UNAM. Experto en comunicación social y campañas políticas. Ha colaborado con medios y diarios como el Diario de los Ángeles (EEUU), ABC Radio, Ruiz-Healy Times, entre otros. Funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Conasupo, Segob, PGJDF, DDF, Gobierno del Estado de Sonora, Municipio de Tlalnepantla. Exsecretario técnico de la Comisión de Asuntos Electorales en la LVII Legislatura del Estado de México (2009 a 2012). Autor de los libros: “La realidad de los partidos políticos” (1995), “La ciudad que entró en caos” (1998), “La ciudad de México en caos y desesperanza ¿Un mentiroso a la presidencia?” (2006), “Diez años de caos y corrupción en la CDMX (2008).”
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