La llamada #LeyBonilla surge de una reforma aprobada por la mayoría de la legislatura del Congreso de Baja California que, dicho sea de paso, terminó su encargo en días pasados, ampliando el periodo para el que resultó electo el morenista Jaime Bonilla, para que de 2 años se ampliara a 5 años su mandato en el poder ejecutivo local.
Propios y extraños se asombraron ante este acto incluyendo prominentes políticos del partido político Morena. La COPARMEX anunció que promovería un amparo contra dicha #LeyBonilla, así como posicionó que impulsaría un juicio político contra los diputados que validaron la reforma en comento.
El PAN expulsó de sus filas a los siete diputados locales que votaron a favor de la misma y, para poner sólo un ejemplo más, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo en su oportunidad un llamado al Congreso local, así como a los cinco ayuntamientos de la entidad para de dejaran sin efecto dicha reforma.
Por decir lo menos, esta #LeyBonilla rompe con una estructura que forma parte de nuestro andamiaje constitucional: la voluntad del pueblo.
Cuando los ciudadanos de Baja California asistieron a las urnas lo hicieron conociendo que quien resultara ganador de la contienda electoral, gobernaría desde el ejecutivo del Estado por un periodo de dos años.
Este acto jurídico consumado no puede revertirse por un Congreso local que posteriormente a la voluntad ejercida por la ciudadanía, decide ampliar un periodo de gobierno.
La #LeyBonilla consecuentemente, es una afrenta contra la voluntad popular consagrada en nuestra Constitución Política Federal.
Además, viola diversas disposiciones electorales, entre las que destaca que no pueden modificarse leyes de índole electoral 90 días antes del proceso electoral y durante el mismo; asimismo, viola otras disposiciones constitucionales al aplicar retroactivamente la ley, entre otras.
Este capítulo escrito en el Estado de Baja California está en suspenso de definición hasta en tanto, ya sea el actual Gobernador o, en su defecto, el nuevo Congreso local, publiquen dicha reforma que sería el insumo fundamental para la presentación de los medios de impugnación correspondientes.
Pero mientras esto sucede en Baja California, en la Ciudad de México tenemos un caso similar, con toda proporción guardada.
Recientemente, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una nueva Ley de Participación Ciudadana que sustituye a la anterior.
Sin embargo, esta disposición legal pone de relieve varios aspectos que son necesarios analizar y que expongo a continuación.
De entrada, esta nueva Ley, determinó que la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria, así como la jornada electiva para los proyectos de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, se realizarán, ya no este año, sino el 15 de marzo de 2020.
Independientemente de que esta nueva disposición es contraria a aquel aplazamiento de dichos ejercicios que establecía que se realizarían antes de la segunda semana de diciembre de 2019, uno de los artículos transitorios de la nueva Ley de Participación Ciudadana determinó lo siguiente:
Artículo Cuarto: Las personas que actualmente son integrantes de los Comités Ciudadanos y de los Consejos de los Pueblos y Consejos Ciudadanos Delegacionales permanecerán en su encargo hasta la integración de los nuevos órganos de representación ciudadana conforme a los lineamientos que, para ello, emita el Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Como puede observar amable lector, lo que el Congreso de la Ciudad de México hizo, fue nuevamente ampliar un periodo, en este caso, para instancias de representación ciudadana.
Estas acciones como la referida #LeyBonilla atentan contra la voluntad del pueblo que desde el ejecutivo federal se ha defendido tanto.
Deja un mal precedente para nuestro sistema político mexicano, pero sobre todo, pone en jaque a la población y a las instituciones encargadas de velar por nuestra democracia.
Mtro. Fernando Díaz Naranjo
Analista especializado en temas políticos y profesor en la Escuela de Periodismo Carlos Septién.
Exconsejero electoral de la CDMX
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