Autoridades en Honduras, Guatemala y El Salvador no están haciendo su trabajo
El pasado 19 de octubre, cientos de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños –a los que se les ha denominado como “La Caravana Migrante”- saltaron la valla de control fronterizo entre Guatemala y México en Tecún, Umán.
La intención primordial de este grupo es llegar a los Estados Unidos de América. La razón de dicha migración se debe a los altos índices de inseguridad en Honduras, Guatemala y El Salvador, además de pobreza y corrupción.
En primera instancia se habló de cientos de migrantes; después la Secretaría de Relaciones Exteriores manejó la cifra de 4 mil quinientos; la Revista Forbes informa de 7 mil centroamericanos. El portavoz de la Organización de las Naciones Unidas, Farhan Haq, durante una conferencia, refirió lo siguiente:
“En este momento se estima que la caravana incluye a 7 mil 233 personas, muchas de las cuales tienen intención de continuar marchando hacia el norte”.
Sin lugar a dudas, lo anterior demuestra la falta de gobernabilidad en aquella región. Juan Orlando Hernández, presidente constitucional de Honduras; Jimmy Morales, presidente constitucional de Guatemala; y Salvador Sánchez Cerén, quien ocupa el Poder Ejecutivo en El Salvador no están haciendo su trabajo.
El problema no es el republicano Donald Trump, ni el actual mandatario mexicano Enrique Peña Nieto. Ambas administraciones, como cualquier otra, tienen dos propósitos fundamentales: salvaguardar la integridad de la población de sus respectivos países y mantener políticas económicas y fiscales sanas.
Aunado a ello, el 22 de octubre del año en curso, detonó en Guatemala otra caravana con rumbo a Estados Unidos. Las razones son básicamente las mismas: inseguridad, pobreza y corrupción. Se sabe que son alrededor de 700 personas. Y mientras tanto, el presidente electo en México, Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto el otorgamiento de visas de trabajo para los centroamericanos que componen dichas caravanas; sin especificar qué tipo de trabajos se pueden ofrecer en las actuales condiciones de México.
¿Es conveniente que se expidan dichas visas de trabajo?, ¿afectarán o beneficiarán a la población mexicana? Y más a fondo, ¿cómo están los mexicanos en cuanto a trabajo formal y seguridad social?, ¿cómo anda México respecto de la corrupción?
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente al trimestre abril-junio de 2018, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dice que el 56.6 por ciento de la población trabaja en el sector informal. En Chiapas, la tasa de informalidad laboral es de 78.2 por ciento.
Con los datos recabados, es notoria la necesidad de inversión privada en México. La idea de ayudar a los demás países es buena, siempre y cuando se ayude a las y los mexicanos primero. Por último, ¿los centroamericanos regresarán a su lugar de origen una vez llegados a la frontera norte o se quedarán en México?
La pregunta anterior es necesaria ya que pensar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los dejará pasar, es una ingenuidad. ¿Qué va a pasar con toda la gente que quedará varada en la frontera, una vez que no puedan acceder a los EEUU?
David Lorenzo Cayetano
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