El importante rezago que enfrentamos los mexicanos en materia de disponibilidad de medicamentos y otros insumos para la salud en las instituciones públicas, tiene su origen en las decisiones tomadas por el gobierno de AMLO, que con el plumazo de un decreto, echó por la borda la experiencia acumulada y la coordinación de un sector que se venía componiendo por más de 30 años.
Si bien no se había alcanzado la más alta calidad en atención, existían problemas de infraestructura, de capital humano y, sin duda, quedaban muchas cosas por mejorar en el sistema público de salud, el abasto de medicamentos logró estabilidad y un alto grado de cobertura.
Para contrastar, en 2018 se adjudicaron en licitaciones el 95% de las claves solicitadas para los pedidos consolidados de 55 instituciones (823 de 866 claves), equivalentes a más de 1,550 millones de piezas, cuyo gasto gubernamental superó los $45,626 millones de pesos, de acuerdo con datos del INEFAM.
En el más reciente ejercicio de contrataciones, con las que se busca cubrir las necesidades para el segundo semestre del 2022 y la primera parte del 2023, la UNOPS solicitó únicamente 360 claves, de las cuales se asignaron 255 (el 70.8%), para alcanzar un volumen apenas cercano a los 118 millones de piezas, valoradas en tan solo $2,934 millones de pesos. Es inmenso el vacío, el subejercicio y la ineficiencia mostrada en materia de compras públicas, cuando confrontamos los números de 2018 con los del 2022 (Datos INEFAM).
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¿Cómo llegamos aquí?
1) En noviembre 30 del 2018, todavía sin haber arrancado de manera oficial el nuevo gobierno, Carlos Urzúa, quien fuera el primer titular de la SHCP en este gobierno, anunció que la Oficialía Mayor (OM) de esa institución, asumiría el control y liderazgo de las compras públicas de los gobiernos Federal y locales, empezando por los medicamentos e insumos para la salud. Con una sola decisión, pasó a manos de técnicos sin experiencia, la coordinación de compras para un sistema con más de mil unidades que conforman al sector salud.
En su faceta experimental, la OM de la SHCP convocó durante los primeros días de junio a licitación pública para comprar medicamentos para el segundo semestre de 2019. A este proceso se sumaron 25 Secretarías de Salud estatales, además del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA y MARINA. El resultado: 62% de las 655 claves convocadas quedaron desiertas; es decir, no hubo capacidad suficiente del sector farmacéutico para surtir productos, al precio de referencia y en los tiempos solicitados por el gobierno. Para cubrir el hueco, ratificaron y extendieron los contratos ya habilitados en la compra original de ese año.
2) En junio 20 de 2019, la OM de la SHCP anunció que la compra y la distribución de medicamentos sería contratada de forma separada. Como explicamos en el artículo anterior, las distribuidoras jugaban un papel importantísimo conformando consorcios para lograr, en un solo contrato con el gobierno, agrupar la capacidad productiva de varios laboratorios para cubrir la demanda de las diferentes claves de medicamentos, especialmente aquellas para padecimientos de alta prevalencia, es decir las de mayor volumen de piezas. Una vez definidos los ganadores, organizaban la logística para asegurar la producción, el pago a tiempo a las farmacéuticas, el cumplimiento regulatorio, la recolección y la entrega de estos productos que, para asegurar su funcionalidad y estabilidad, requieren condiciones especiales de traslado y manipulación.
Al separar los procesos de compra y distribución, el gobierno pulverizó la dinámica administrativa que se venía dando, derivando en una enorme carga burocrática para la que no estaban preparados; es decir, en vez de entenderse con poco más de 40 empresas especialistas en logística farmacéutica, ahora tendrían que gestionar una licitación con más de 750 empresas productoras de medicamentos, además de las distribuidoras.
Esta decisión, que intentaba reducir el gasto gubernamental eliminando a “los intermediarios”, terminó por ser más costosa, menos transparente y poco eficiente. En la primera compra pública realizada bajo este esquema, la de medicamentos para cubrir las necesidades del 2020, se asignaron 404 de 632 claves licitadas (65%), correspondientes a 574 millones de piezas, con un valor de $13.3 mil millones de pesos. En otras palabras, el gasto en la adquisición de medicamentos cayó alrededor del 60%, las claves asignadas decrecieron en 51% y las piezas compradas se redujeron en 63%, si consideramos los datos de 2018 frente a los del 2020.
Otro dato, de acuerdo con análisis del INEFAM, las adjudicaciones directas individuales en el proceso del 2020 crecieron en 700%, conformando el 23% de las piezas enajenadas y el 55% del importe asignado.
3) Dados los resultados de la OM de la SHCP, en julio 31 del 2020 el Presidente anunció en conferencia mañanera la firma de un convenio con la UNOPS para pasar a ellos y al INSABI, la operación de las compras públicas de medicamentos, ahora con la participación de empresas internacionales sin presencia en México; un par de días antes, los Diputados aprobaron modificaciones a la Ley de Adquisiciones (LAASSP), eliminando el privilegio a la industria nacional o aquella establecida en el país, que paga impuestos, sigue leyes y normas nacionales y, más importante aún, tiene responsabilidades jurídicas ante incumplimientos o defectos en sus productos.
En su primer ejercicio de compra, cuyos resultados se dieron a conocer hasta abril del 2021 (4 meses después de lo normal), la UNOPS logró adjudicar tan solo 36% de las claves licitadas, erogando únicamente $7,869 millones de pesos. Como mencionamos al principio de este artículo, para la compra del 2022 y 2023, la UNOPS tocó fondo logrando ejercer un gasto apenas cercano a los $3 mil millones de pesos.
Tras el inminente fracaso de la UNOPS, la cual opera mayoritariamente con recursos del INSABI, en febrero 26 del 2021, esta institución emitió el famoso comunicado: “sálvese quien pueda” (INSABI-UCNAMEM-CA-91-2021), en el que quien fuera el Coordinador de Abasto, Javier Santaella, pide a las dependencias públicas comprar medicamentos como puedan y donde las encuentren.
4) Finalmente, en agosto 15 del 2020 se dió a conocer que BIRMEX se convertiría en la empresa nacional de distribución de insumos para la salud, dejando a las más de 40 empresas especializadas en el sector, parcialmente fuera de la jugada. Primero al mando de David León, luego del escándalo con Pio López Obrador pasó a manos de Pedro Zenteno y finalmente, en los tiempos más agudos de la pandemia por Covid-19, el General Jens Pedro Lohman Itubruru se hizo cargo de la institución.
Recientemente en junio del 2022, se dió a conocer que la empresa del Estado está al borde de la quiebra, con deudas que rondan los $2 mil millones de pesos; no cuenta con personal ni con liquidez suficientes para operar, además de que sus precios están por encima de los de distribuidoras privadas; esto último la llevó a perder las más recientes licitaciones para distribuir los productos del IMSS y el INSABI.
Estas son 4 de las más importantes decisiones que hicieron de una bola de nieve, una avalancha aplastante llamada desabasto de medicamentos, de la cual no encontramos salida aún. En la siguiente entrega, la última de esta serie, hablaremos de asuntos adyacentes pero claves en este problema, como son el papel de COFEPRIS, el veto a las principales empresas distribuidoras y el desabasto de medicamento para cáncer infantil, que se ha erigido como una bandera de gran visibilidad en torno a esta problemática.
Alejandro Vázquez
Consultor en Asuntos Públicos y Comunicación
Egresado de la UNAM
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