De acuerdo con declaraciones de la calificadora Moody´s, la ayuda fiscal del gobierno de México a Petróleos Mexicanos (Pemex) ha impactado negativamente los ingresos petroleros compartidos con estados y municipios a través de las participaciones.
Durante 2023, estos apoyos fiscales, estimados en alrededor de 50 mil millones de pesos, han contribuido a una caída del 52% en los ingresos petroleros de la Recaudación Federal Participable (RFP) en comparación con 2022, lo que resultó en una brecha entre los ingresos programados y los reales para ese ejercicio.
Esta disminución se atribuye al diferimiento de pagos por parte de Pemex, incluyendo el Derecho de Utilidad Compartida (DUC) y el Derecho de Extracción de Hidrocarburos (DEH), así como a factores como precios más bajos del barril y un tipo de cambio más fuerte. Según Moody’s, estas participaciones son la principal fuente de ingresos para estados y municipios, representando en promedio el 65% y el 45%, respectivamente, de sus ingresos operativos.
Asimismo, el 82% de estas participaciones proviene de la RFP, que incluye ingresos tributarios y petroleros de la federación. Sin embargo, en 2023, las transferencias del Fondo Mexicano de Petróleo (FMP) al gobierno fueron inferiores a las estimaciones, alcanzando aproximadamente 342 mil millones de pesos, en contraste con los 487.7 mil millones de pesos previstos en la Ley de Ingresos de la Federación.
La brecha entre los ingresos petroleros programados y los reales representó un 30%, mientras que los ingresos tributarios quedaron solo un 2.2% por debajo de lo esperado en 2023, según la agencia calificadora. Moody’s estima que casi el 70% de esta brecha se debió a la caída en los ingresos petroleros.
A su vez, la agencia señala que los cambios estructurales en los ingresos petroleros están contribuyendo a una disminución sostenida de su peso en la RFP. En 2023, los ingresos petroleros representaron el 5.8% del total de los ingresos de la RFP, cerca del mínimo histórico registrado durante la pandemia en 2020 y por debajo del 13% observado en 2015, año en que entró en vigor la última reforma de los ingresos petroleros.
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