Desde el inicio de la administración el 1 de diciembre del 2018, se ha venido destacando los Proyectos Prioritarios en la 4-T, para los que a pesar de la famosa “austeridad” que mal pregonan, para esos, sí hay cartera libre de gastos.
Aún sin importar que estén inmersos en múltiples problemas que los tienen en el ojo del huracán.
REFINERÍA DE DOS BOCAS
Al respecto de dos de los tres Proyector Prioritarios, el Diario Eje Central difundió el 13 de diciembre del 2021, “Dos Bocas se construye en un terreno de protección ambiental” El gobierno federal construye la refinería de Dos Bocas en una zona reservada para la protección ambiental, a pesar de que hay una demanda para evitar que la obra de 8,9 mil millones de dólares dañe el ambiente.
Documentos judiciales proporcionados por el equipo legal del político y activista Emilio Vázquez Rosario a Bloomberg indican que Pemex continúa construyendo la refinería a pesar de que, López que prometió conservar el área.
En dichos documentos se señala que el gobierno de la 4-T esta construyendo la refinería de Dos Bocas, en una zona que es reservada para la protección ambiental, y a pesar de que hay una demanda para evitar que la obra de 8.9 mil millones de dólares dañe el ambiente.
Asimismo, destacan que el proyecto viola el derecho a un medio ambiente sano y el principio de que quien contamina paga, según establece la Constitución mexicana.
El activista y político Emilio Vázquez Rosario, quien está ligado al Partido Movimiento Ciudadano, señaló que las autoridades estatales han solicitado numerosas demoras para obtener los documentos requeridos para el caso, la última de ellas es hasta el 10 de enero. Sin olvidar que, el acceso a la información de esa obra, y de todas las que construye el actual gobierno federal, podría complicarse, dado que en el mes de noviembre de este 2021, López presentó un decreto que otorga a sus principales proyectos de infraestructura protecciones de seguridad nacional.
Ambientalistas han cuestionado el proyecto de Dos Bocas señalando que el sitio albergaba un manglar protegido. De igual manera, financieros también la han criticado al señalar que la mega-obra, que comenzará a operar completamente en 2023, tiene costos muy elevados.
En cuanto a la Demanda, que fue presentada ante el juez del octavo distrito de Tabasco, se argumenta que Pemex asumió un compromiso legalmente vinculante en 2006 y 2007; mismo que proteger la zona costera y cualquier lugar, incluidos los manglares, en la zona donde se está construyendo la refinería junto al mar. Emilio Vázquez Rosario, destacó que recientemente el juez desestimó una solicitud para detener el proyecto con el argumento de que la refinería ha sido dañina y podría dañar el área circundante. Además de que sigue sin pronunciarse sobre la parte principal de la demanda, que trata sobre si la autorización del proyecto era ilegal.
Pero, la versión pública de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que reveló la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA); señala: “El área del proyecto está sujeta a riesgo alto por inundación marina, riesgo alto por inundación fluvial, riesgo muy alto por inundación causado por marea de tormenta, y riesgo muy alto por erosión causado por oleaje de alta energía” Detallándose que “la preparación, operación, construcción y mantenimiento del sitio donde estará la refinería azotará de forma negativa en el agua, el aire, el suelo, la geomorfología, la vegetación y la fauna del lugar. Alteración de la calidad del agua pluvial. Modificación de las escorrentías que conducen aguas pluviales. Alteración de la calidad del agua pluvial que se infiltra al subsuelo”.
TREN MAYA
En el mismo tenor de los Proyectos Prioritarios, también publicó Eje Central el 13 de diciembre del 2021, “Las dicotomías del Tren Maya, la obra faraónica de la 4T. La obra enfrenta 25 amparos legales aduciendo violaciones a derechos ambientales y de vivienda, interpuestos por habitantes cercanos al lugar de construcción. “¡Ya no va a pasar el tren!, celebra Guadalupe. ¡Perdimos, no habrá modernidad!, responde Rubén. Este careo entre vecinos expone las dicotomías sobre el Tren Maya, la megaobra turística que busca redimir a una de las regiones más empobrecidas de México.
Guadalupe Cáceres, de 64 años y quien demandó legalmente la obra, aplaude que la ruta fuera modificada y no tenga que desalojar su casa, levantada al borde de una vía férrea en desuso en Campeche (sureste). Sobre esa línea se construirá 40 por ciento del tren eléctrico, que debe extenderse por mil 554 km en la Península de Yucatán. El desvío frustra a Rubén Angulo, de 49 años, quien aspiraba a ser reubicado en una vivienda nueva y beneficiarse del medio millón de empleos que promete la obra”.
Asimismo, se recuerda que para López la construcción del tren al iniciar su administración, fomentaría el turismo en los estados por donde pasaría como Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Donde se tiene una pobreza de alrededor del 50% de la población que es de 13 millones de habitantes, promedia 50%, aunque en Chiapas llega a 75%. La zona posee atractivos como milenarios pueblos y pirámides mayas, pero están lejos de las ciudades o el transporte es deficiente.
No se puede olvidar que ese proyecto prioritario ha sido rechazado por ambientalistas, indígenas, opositores al gobierno, así como Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), aun sin que el Tren Maya no pasará por las comunidades de Chiapas donde más tiene influencia este movimiento social. Esta obra ya acumula 25 amparos legales aduciendo violaciones a derechos ambientales y de vivienda. De estos, dos fueron interpuestos por habitantes de Campeche. Y ante esa presión de los Amparos, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, responsable de la obra, modificaron el trazo y ya no pasará por el centro de esta ciudad colonial, patrimonio de la humanidad, sino por la periferia.
Ante estos obstáculos legales, López en noviembre del 2021, declaró sus megaobras como de “seguridad nacional”, buscando con ello que sus adversarios no puedan frenarlas. Lo cual implicaría que jueces nieguen en adelante las suspensiones parciales logradas por demandantes.
Por otra parte, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que impulsa un amparo, denuncia tala de árboles en zonas protegidas y la fragmentación de ecosistemas que podría convertirlos en áreas “biológicamente degradadas e inhóspitas”. Y advierte sobre afectaciones a cuerpos de agua, especies animales en peligro de extinción y a manglares al interrumpirse su conectividad con el acuífero.
De igual manera, los demandantes también refieren anomalías en avalúos catastrales y en una consulta ciudadana de 2019 que, señalan Naciones Unidas, incumplió estándares internacionales. Y con todo lo anterior, el gobierno insiste en que la obra será construida sobre área previamente impactada.
Así la cruda realidad que se vive y enfrentan dos Proyectos Prioritarios de la 4-T, en los que, a pesar de quejas, denuncias, violaciones ambientales, amparos y demás, a las autoridades no les importa y seguirán adelante le pese a quien le pese y pase sobre quien tenga que pasar.
Carlos Aguila Franco
Periodista y analista político desde 1984, egresado de la UNAM. Experto en comunicación social y campañas políticas. Ha colaborado con medios y diarios como el Diario de los Ángeles (EEUU), ABC Radio, Ruiz-Healy Times, entre otros. Funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Conasupo, Segob, PGJDF, DDF, Gobierno del Estado de Sonora, Municipio de Tlalnepantla. Exsecretario técnico de la Comisión de Asuntos Electorales en la LVII Legislatura del Estado de México (2009 a 2012). Autor de los libros: “La realidad de los partidos políticos” (1995), “La ciudad que entró en caos” (1998), “La ciudad de México en caos y desesperanza ¿Un mentiroso a la presidencia?” (2006), “Diez años de caos y corrupción en la CDMX (2008).”
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